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Aportes Teóricos

CEDIM, Centro de Investigación y Formación Permanente para Profesionales que trabajan con Niños y Adolescentes en Conflicto con la ley Penal
Nuestra propuesta es que el material de lectura que ofrecemos a los lectores refleje las inquietudes, la experiencia y el recorrido teórico de los colegas de diferentes disciplinas que se interesen por el tema. Con el afán de incentivar el desarrollo de condiciones más adecuadas en la orientación, formación y tratamiento de los niños y adolescentes incluidos en la problemática de conductas antisociales.

Esperamos que este espacio sea un disparador del intercambio intelectual entre colegas, pudiendo reconocer y valorar la singularidad de cada uno.
La Comisión Directiva
 
NOTA: La responsabilidad por los contenidos de los artículos es de quienes los firman.

 

 

 

 "CHARLA DE LA LIC. BARBARA SHMITZ PARA LOS INTEGRANTES DEL CEDIM"
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CEDIM , 6 de julio de 2007.
Lic. Bárbara Schmitz. “Buscando alternativas de intervención en las primeras entrevistas”
 
 "DERECHO/TRABAJO SOCIAL PATRONATO DE MENORES Y CONVENCIÓN  
INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO.
DISCUSIONES SOBRE DOS CULTURAS QUE SE CONTRAPONEN"

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Material aportado por el Dr. Gabriel Vitale disertante en el CURSO DE ACTUALIZACION PARA PROFESIONALES: "INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN EL FUERO PENAL" Organizado por CEDIM.
Agosto 2006
 
 “EL DIAGNÓSTICO EN LA PRÁCTICA CON NIÑOS EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL"
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Asociación Psicoanalítica Argentina, Jornadas de Medicina Psicosocial, Mayo 2006
Lic. Patricia Marini
 
 "REFLEXIONES ACERCA DE LA PRAXIS DE LOS DELEGADOS INSPECTORES EN EL FUERO DE MENORES: LÍMITES, POSIBILIDADES, DESAFÍOS."
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Monografía presentada en el curso de Consejero en Minoridad, Colegio público de abogados
de San Isidro, diciembre 2005.
Dra. Silvia Susana Fernández*
 
 "INFANCIA Y ADOLESCENCIA: PRINCIPALES PERSPECTIVAS TEÓRICO IDEOLÓGICAS APORTES DE LAS DISCIPLINAS SOCIALES".
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Presentación especial para el Curso de Actualización para profesionales
“INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN EL FUERO PENAL “
1ER. ENCUENTRO 15 DE AGOSTO
Profesora a cargo: Silvia Guemureman
 “TRABAJO SOCIAL, POLÍTICAS PÚBLICAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA"
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I Jornadas de Modelos de Gestión en la Ciudad, Octubre 2001.
Área Temática: Justicia.
Juzgados de Menores, Fuero Penal, Poder Judicial de la Capital Federal.
Miembros de Cedim: Lic. Elvira Alvarez de Tobar; Lic. S. Casal; Lic. G. Alberti; Lic. P. Marini; Lic. L. Campos
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "CHARLA DE LA LIC. BARBARA SHMITZ PARA LOS INTEGRANTES DEL CEDIM"
arriba
CEDIM , 6 de julio de 2007.
Lic. Bárbara Schmitz. “Buscando alternativas de intervención en las primeras entrevistas”

 

DESARROLLO:
1. Posibles indicadores individuales, familiares y socioambientales para identificar rasgos antisociales.
2. Diferencia entre tendencia antisocial y delincuencia.
3. ¿Intervenciones terapéuticas en la primer entrevista?

Los niños y adolescentes judicializados tienden a ser rotulados en largos expedientes que los limitan y nominan sin posibilidad de cambio.
Tomaré algunos conceptos winnicotianos que nos ayuden a pensar los primeros encuentros con las personas que conforman un expediente.

Cuando digo encuentros me refiero a la posibilidad de sorpresa, al no encasillamiento, al poder ir a la búsqueda de lo verdadero de uno y del otro, a esa simpleza tan compleja de poder estar con el otro.

Para poder acercarnos a las diferencias entre la tendencia antisocial y la delincuencia comenzaré delineando los conceptos de privación y deprivación.
La deprivación surge cuando recibiendo afecto del ambiente, en un momento dado, aproximadamente entre el año y medio y los dos años, se da una falla ambiental de manera prolongada, la cual no le permite al niño mantener vivo el recuerdo de las buenas experiencias.
En la deprivación la falla ambiental primaria lleva a que el niño y/ o adolescente, después busque en el afuera la esperanza de encontrar ese ambiente bueno perdido, se darán muestras de tendencias antisociales.

Muy diferente es la privación ya que se corresponde con lo que no hubo en el ambiente, mostrando como resultado conductas delictivas.

Resumiendo en la deprivación hubo un buen ambiente que se perdió y en la privación no existió

 


PRIVACIÓN
DEPRIVACIÓN
AMBIENTE No hubo sostén Hubo sostén y falló
EDAD APROX Desde siempre Del año y medio a los 2 años
RECUERDO BUENAS EXPERIENCIAS No existió Hubo y lo perdió
TIEMPOS Y EFECTOS Permanentes Largos y no pudo mantener vivo el recuerdo
SINTOMAS Delinque Busca en el afuera la madre y ambiente perdidos
OTROS SÍNTOMAS Repetición Enuresis, robos, rabia, depresión
DIAGNOSTICO Delincuencia Tendencia Antisocial

 

No hay que confundir Ley con lo psíquico. La ley existe y debe ser respetada, aplicada y no psicologizada. Las categorías jurídicas y psicológicas son diferentes y mantienen lenguajes propios que es necesario conservar.
Nos concentraremos en los aspectos psíquicos en donde los factores individuales, familiares y sociales del trastorno antisocial siempre son una búsqueda y pedido de algo al medio ambiente que como agentes de salud intentaremos hallar.
Para poder comenzar a hablar sobre la diferencia entre la tendencia antisocial y la delincuencia hay que tratar de evitar el diagnóstico según el síntoma.

Para el pensamiento winnicotiano la tendencia antisocial NO es sinónimo de delincuencia e implica que todavía queda alguna esperanza, no es otra cosa que un pedido de ayuda, en busca del control y sostén ejercido por personas fuertes, cariñosas y seguras. Desde éste punto de vista la tendencia antisocial demostrada, son pedidos de ayuda, actos de esperanza. Mientras que la delincuencia es definida como delitos con defensas secundarias armadas, fijas y repetitivas, donde las intervenciones psicológicas resultan sumamente complejas y difíciles.
Las tendencias antisociales son una tendencia a la autocuración y siempre remiten a una falla ambiental. Están caracterizadas por dos orientaciones, que serían los factores individuales de rasgos antisociales que se muestran en el medio ambiente:

1. el robo. Se busca algo perdido en su primer relación vincular que falló y al no encontrarlo, lo busca en el afuera con esperanzas de hallarlo.
2. la destructividad: busca el grado de estabilidad ambiental capaz de resistir su conducta impulsiva. Busca un suministro ambiental perdido, una actitud humana en la que pueda confiar y lo deje en libertad de expresarse.

El robo va asociado a la mentira y ambas ocupan el centro de la tendencia antisocial. “ Cuando se roba un objeto no se busca al objeto robado, sino a la madre, sobre la que tiene ciertos derechos”.
El robo muestra la esperanza de saltar hacia atrás en el tiempo.
La destructividad va asociada a la tendencia a causar fastidio como característica esencial y favorable, de la misma manera que el bebé lo demuestra cuando le falla su madre. Así aparecen indicadores de rabia, conductas y estallidos impulsivos. Intenta reactivar un sostén firme y perdido por el que muestra su tendencia antisocial.
La tendencia antisocial es un reclamo a destiempo a la madre buena perdida, al ambiente y a la sociedad.

Las tendencias antisociales, en sus etapas previas al afianzamiento del beneficio secundario, son precedidas por una etapa en que el niño y/o adolescente necesita ayuda y se desespera porque dentro de él hay algo que lo compele a robar y destruir. Ese es el momento princeps para intervenir, antes que se establezcan los beneficios secundarios. Se podría esquematizar el proceso de la siguiente manera.

    A. Hubo una época en que todo marchaba lo suficientemente bien para el niño.
    B. Algo alteró el estado de cosas.
    C. El niño se vio abrumado por una carga que excedía su capacidad de tolerancia y sus defensas yoicas se derrumbaron.
    D. El niño se reorganizó con defensas yoicas de menor calidad.
    E. Empieza a recobrar las esperanzas y organiza actos antisociales, esperando compeler así a la sociedad a retornar con el a la posición en que se hallaban ambos cuando se deterioró la situación y a reconocer el hecho.
    F. Si el niño es escuchado en su pedido de ayuda esperanzada ya sea luego de un período de cuidados especiales en el hogar o durante una entrevista terapéutica; el niño y/ o adolescente puede dar un salto regresivo hasta el período previo al momento de la deprivación y redescubrir tanto al objeto bueno como el buen ambiente humano que lo controlaba a él, cuya existencia, en principio, lo habilitó para experimentar impulsos de amor y destructivos.

Pensando factores familiares y socioambientales, el niño o adolescente antisocial intenta esperanzadamente que el mundo reconozca la deuda que tiene hacia él.
Estos factores son muy diferentes entre la tendencia antisocial y la delincuencia y son estos algunos de los indicadores diagnósticos.
Diremos que la Tendencia antisocial se caracteriza por un acto espontáneo e individual. Cuanto más individual, más espontáneo, menos grupal y organizado es el acto, se acerca más a una tendencia antisocial. Otra característica teniendo en cuenta lo ambiental, es que se busca con estos actos antisociales que aparezca el medio, lo que él no es.
Estos actos antisociales pueden ser muy locos pero lo loco no implica necesariamente delicuencial ni más patológico.
Otro criterio diagnóstico a tener en cuenta es la cualidad de los actos partiendo de lo espontáneo a lo organizado y en esa gama cuanto más organizado es el acto más delicuencial.

Importa tener en cuenta tanto en las tendencias antisociales como delincuentes:
    • La persona en relación al ambiente
    • la persona en relación a un grupo
    • La persona usada por una causa
    • La persona usada por sus padres
    • la persona usada por un grupo

Son como capas sintomáticas que requieren pensar aspectos ambientales tanto individuales, familiares, como barriales e institucionales. A modo de ejemplo los arreglos que pudiera haber entre un adolescente, la droga y la policía.
Un individuo solo no lo hace a un delito ni a un acto antisocial siempre es en relación a su ambiente, llámese éste familia, barrio o Instituciones.
Resumiendo las tendencias antisociales se caracterizan por ser Individuales, personales, aleatorias. Tienden a realizarse en contextos familiares o cercanos. Tienen relación directa con las categorías de lo personal así como de lo no organizado y espontáneo. Estos factores delimitan las tendencias antisociales de la delincuencia, la cual se rige por categorías contrarias como: lo organizado y lo público.

Cuanto más organizado y menos impulsivo es el acto resulta más delictivo. Es decir cuanto más premeditado más delictivo es el acto.

 


TENDENCIA ANTISOCIAL
DELINCUENCIA
ACTO Espontáneo- Aleatorio Organizado
FORMA Individual Grupal
OBJETIVO Que aparezca el medio Ir contra la ley
CARACTERISTICA Esperanza Impunidad
INTERVENCIÖN Difícil
ORGANIZACIÓN DE LOS ACTOS Familiar No familiar
ESTRUCTURADO Sin beneficio secundario Con beneficio secundario
IMPULSOS Más impulsivo Menos impulsivo
RECLAMO A la madre pedida No hay reclamo
1ros SÍNTOMAS INDIVIDUALES Robos, mentiras, destructividad No específicos
BUSCA El sostén perdido No busca, actúa
CATEGORIA Personal Pública

 

Sin duda Winnicott ha sido un autor que ha habilitado herramientas de curación en los casos de tendencia antisocial, desde los primeros encuentros ya decía: “Un rápido cambio sintomático es preferible a una cura psicoanalítica”
También estableció que el tratamiento adecuado para la tendencia antisocial no es el psicoanálisis, sino el manejo ambiental explicando que se debe ir al encuentro de ese momento de esperanza y estar a la altura de él.

Si entendemos que la tendencia antisocial está relacionada con la deprivación y con fallas ambientales, podemos decir que la terapia psicoanalítica individual no es la más adecuada para la cura, sino ésta otra basada en un ambiente firme y estable con cuidado y sostén personalizado. Es el ambiente el que debe proporcionar una nueva oportunidad para las relaciones del yo, ya que su tendencia antisocial se generó por fallas ambientales en el soporte de su yo.
Winnicott introduce un concepto interesantísimo sobre la posibilidad de cura y lo denomina la entrevista o consulta terapéutica. Explica que no necesariamente debe ser realizada por un psicoanalista pero pone énfasis en que la persona que la realice haya tenido un psicoanálisis individual prolongado donde se haya podido desplegar la transferencia.
También agrega que es necesario que los que intervengan como agentes de salud tengan además de su trabajo, un propio ambiente de sostén afectivo familiar y espacios recreativos.
La consulta terapéutica se basa en una o más entrevistas extensas donde lo más importante es la posibilidad de un encuentro auténtico. Se debe aprovechar ese momento donde el paciente trae una cierta capacidad para creer que obtendrá ayuda y cierta capacidad de confiar en quien se la ofrece. Por eso es importante poder brindar un espacio de confianza.

Hay que reconocer que la consulta terapéutica resulta una oportunidad y que muchas veces estos encuentros permiten cambios difíciles de lograr en largas terapias.
Ese encuentro terapéutico es una oportunidad de compartir ese pedido de esperanza plagado de odio y de violencia. El poder sostenerlo en el vínculo permite abrir el “odio versus odio” que viene repitiéndose de manera esperanzada y sin alternativas de cambio.
En la consulta terapéutica entonces, al poder brindar un ambiente emocional y vincular que permita compartir tolerar y sostener la agresión, así como sobrevivir al enojo; delimita un antes y un después significativo, promotor de la posibilidad de cambio.

Como reflexión final y frente a las dificultades de abordajes terapéuticos en patologías antisociales, quisiera remarcar la importancia de rescatarse uno mismo en los propios aspectos creativos.


 

 

 

 

 

 


 "DERECHO/TRABAJO SOCIAL PATRONATO DE MENORES Y CONVENCIÓN  
INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO.
DISCUSIONES SOBRE DOS CULTURAS QUE SE CONTRAPONEN" (1)

arriba
Material aportado por el Dr. Gabriel Vitale disertante en el CURSO DE ACTUALIZACION PARA PROFESIONALES: "INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN EL FUERO PENAL" Organizado por CEDIM.
Agosto 2006.

 

PRESENTACIÓN
Este trabajo tiene la intención de analizar a la infancia desde dos culturas consideradas antagónicas. Una de ellas es la instaurada por el Patronato de Menores, y la segunda, se refiere a la planteada por la Convención Internacional de los Derechos del niño.

A partir de estas consideraciones, nuestra propuesta es estudiar de qué manera ambas concepciones se insertan y coexisten a través de las legislaciones, y la posterior interpretación de los jueces competentes, abriendo de esta manera el juego de la discusión y el debate, sobre esta compleja temática.

ANTECEDENTES.
Para comenzar, consideramos pertinente estudiar al Patronato como una serie de leyes de alto contenido positivista, que encuentra sus antecedentes inmediatos en el siglo XIX. Esto nos lleva a remontarnos al año 1899, donde encontramos en Illinois, Chicago, a los principales creadores del Primer Tribunal de Menores, cuya corriente se denomina “los salvadores del niño”. Si bien existe algún tipo de discusión traída por Anthony Prat, en cuanto a que este privilegio sería exclusivamente de Massachussets y Nueva York, quienes se autoproclaman como los primeros estados en crear la justicia especializada, lo importante es que es en Norteamérica en donde por primera vez se diferencia el tratamiento de la infancia, de la de los adultos en materia de justicia.

Esta cruzada moral encabezada por las damas de beneficencia, recibía además importantes aportes económicos para subvencionar dicha corriente. Los mismos provenían no sólo de bancos reconocidos de las grandes ciudades sino también de las principales empresas, ya que su objetivo era poder aniquilar comercialmente a la mediana y pequeña empresa, que utilizaba la mano de obra barata generada por las grandes corrientes inmigratorias. El mercado funcionaba de manera cruel e inhumana, ya que las empresas contrataban especialmente inmigrantes mujeres y niños para trabajos manuales, pagando escaso dinero por extenuantes horas de trabajo. Las empresas que funcionaban bajo esta lógica se encontraban, como es de suponer, por fuera del sistema impositivo del mercado.

Con este panorama, nada más ajustado al derecho que la persecución de esta mano de obra inmigrante, con la firme intención de “salvarlos” del mundo en el cual se encontraban y al mismo tiempo llevar a la quiebra de pequeñas y medianas empresas que se disputaban el mercado de los inmigrantes. Qué mejor que una justicia especializada para aquellos infantes. Qué mejor que curar a esos pequeños bandidos que se encuentran a la buena de Dios vagando por las calles, trabajando en burdeles, vendiendo periódicos y lustrando botas.

Este nuevo marco jurídico era relativamente simple. Se debían realizar las reformas necesarias para otorgarle al juez poderes de carácter discrecional, debiendo actuar éste como un buen padre de familia. Un procedimiento muy sencillo, sin complejas explicaciones y con alto poder punitivo. De esta manera, aquella porción de la infancia-adolescencia que por razones de conducta o de condición social entrase en contacto con la compleja red de mecanismos de selección caridad-represión, se convertirá automáticamente en "menor" para dejar de ser infante. Este es el nacimiento de una cultura de judicialización de las políticas sociales que continúa padeciendo la infancia, hasta el día de la fecha.

Se trató de resolver por medio de normas jurídicas y de una supuesta justicia, las deficiencias de las políticas sociales básicas. El sector que abandonaba la política pública era colonizado por la política judicial, constituyéndose en uno de los ejemplos más claros de criminalización de la pobreza.

CONTEXTO EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
En nuestro país se vieron registrados importantes cambios estructurales, debido a los grandes movimientos inmigratorios. Entre los años 1890-1914 la población se duplicó hasta alcanzar los 8 millones de habitantes, de los cuales el 58 % eran extranjeros.
Esa gran masa inmigratoria llegada al país en busca de oportunidades, generó diversas reacciones de amplios sectores hegemónicos, que le atribuían la responsabilidad de los problemas políticos y sociales del momento.

Los hogares obreros, considerados como verdaderos focos de enfermedades, delincuencia y promiscuidad, estaban compuestos por habitaciones de conventillos superpoblados, donde vivía hacinado todo el grupo familiar.
La participación de las mujeres y de niños en los procesos productivos, representaba ya para la época, un escandaloso y elevado porcentaje.

La “falta de adaptación” por parte de los inmigrantes al ambiente nacional, originada en el enfrentamiento con las nuevas costumbres impuestas, atentaba contra el desenvolvimiento autónomo de esta porción no deseada de población. Esta preocupación por parte de los sectores dominantes, funcionó como justificativo para echar mano sobre la emancipación de los menores.
Definitivamente, no fue ésta la población migratoria esperada por la ideología civilizatoria imperante. Esto se puede ver enfatizado, a modo de ejemplo, en las palabras de Clodomiro Cordero durante el Congreso Americano de Ciencias Sociales realizado en Tucumán, quien señalaba que “…la Argentina había recibido todo el desecho humano que le enviaba Europa”. Señalaba además, que “…los extranjeros arribados a nuestro país, eran considerados seres inferiores, corrompidos, cuando no criminales, al tiempo que se reclamaba una necesaria selección de esta nueva fracción poblacional”.

LA LEY DE EDUCACIÓN. UN GRAN PILAR.

En las dos últimas décadas del Siglo XIX, el sistema educativo argentino estaba en pleno proceso de organización, impulsado por los sectores oligárquicos gobernantes, y orientándose hacia la homogeneización de la población, que contaba por aquellos años con importantes proporciones de inmigrantes.

En este marco, la educación comienza a tener un valor particular como institución moderna en tanto transmisora de cultura –dentro del paradigma del progreso capitalista y democracia liberal- y como forma principal de adiestramiento industrial y moral. Se crean entonces instituciones educativas especiales para el tratamiento, encasillamiento y vigilancia, de aquellos jóvenes considerados “indóciles,” “inquietantes”, “perturbadores del orden”.

De esta manera, los reformadores buscaban aliviar los males de la moderna vida urbana y resolver los problemas sociales con métodos racionales, ilustrados y científicos. El valor del castigo se basó en los conceptos de disuadir, vigilar y modelar esos nuevos cuerpos.
La instrucción pública entonces, nace a la sombra de la idea de corrección – protección de la infancia. Las instituciones de minoridad se abocaron a los “menores” que no accedían a la escuela, afectados por la pobreza familiar, el abandono, el delito.

Dichas instituciones “educaban” bajo las formas de re educación moral. De esta manera se diseñaron espacios diferenciados con destinatarios propios. La escisión política educativa – política social, marcada en su origen, generó escuelas/institutos, niños/ menores, instrucción/re educación. “La gran influencia positivista encauzó la idea de una niñez, entendida como normal y alfabetizable, y por otro lado una idea de menor, que ante la falta de familia, hogar, recursos o el desamparo moral y a su condición de pupilo protegido por el Estado, será capturado por instituciones que lo confirmarán en su identidad deficitaria.”

La Ley 1.420, marco legal de este sistema escolar, ampliamente conocida como la "ley laica", presentaba aspectos que se volvieron significativos para desempeñar la función de tutela y control, al constituirse legalmente como el ámbito público de socialización obligatoria, limitando de esta forma el poder y autoridad paterna.

La pedagogía positivista será el elemento fundamental del discurso educativo oficial, centrado en las imágenes del maestro - modelo y en la escuela como sitio higiénico-moral. Controlar educando es el mecanismo seleccionado para este tratamiento. Reformar moralmente es el objetivo, sustentado en la existencia de dos factores: uno interno –predisposición orgánica- y otro externo – la maldad del medio ambiente(2).

Respondiendo a esta línea ideológica, en el año 1919 se sanciona la Ley 10.903 (más conocida como Ley Agote) que reformula el concepto de la patria potestad(3), estableciendo ahora no sólo derechos, sino también obligaciones por parte de los padres con respecto a sus hijos. Una patria potestad tan fuerte pero a la vez tan controlada, que otorgaba según la anterior redacción del art. 278 del Código Civil, la facultad de corrección de los padres, de corregir o hacer corregir moderadamente a sus hijos; y que con la intervención del juez, poder hacerlos detener en un establecimiento correccional...”

Esta facultad que se mantiene con la ley 10.903, se profundiza y hasta podríamos decir que se fomenta, cuando se sanciona el Código Penal en 1921/22. En su artículo 142 inc. 2º se establece que no es delito de privación de la libertad, el encierro de los padres para con sus hijos.
Ahora bien, si la facultad de corrección es no sólo una norma de autorización por parte del Estado, avalada por el Código Civil, que a su vez es fomentada para negarlo como delito por el código penal, en armonía entre ambos Códigos, se abre una ventana muy nítida de control de padres sobre sus hijos, y a su vez, la clara autorización análoga, que el estado puede asumir ese rol con las mismas funciones y temperamentos que los propios progenitores.

La reforma de la ley 10.903, modifica la patria potestad transformándola en un derecho/obligación, de padres con respecto a sus hijos; y si se autoriza este tipo de relación se legitima, en caso de incumplimiento la intervención del Estado a través del Patronato de Menores.

Existe una realidad, y es que teóricamente la ley 10.903, no es una ley penal, -de hecho geográficamente se encuentra entre las leyes complementarias del Código Civil y contiene temas de corte civil; pero es imposible desconocer que tiene un alto contenido punitivo entre sus letras. Es una ley con cuerpo civil/tutelar, pero con alma marcadamente punitiva y de control, ya que reglamenta las funciones de los defensores de menores y acuerda facultades a los jueces para disponer preventiva o definitivamente de todo menor de edad que hubiere incurrido en contravención o delito o fuere víctima del mismo. Y es aquí en donde esa función tutelar comete el mayor de los atropellos constitucionales, pues no distingue en el autor de un delito, a la victima del mismo y ofrece como respuesta estatal su principal mecanismo de intervención: la internación, situación ejercida por los tribunales de menores, que se mantiene con plena vigencia en la actualidad.

La citada normativa autoriza a los jueces a imponer penas disciplinarias a los padres culpables de negligencias graves con sus hijos. Pero lo trascendental es la incorporación del concepto macro abstracto e ilimitado de “peligro moral y material”(4), llave de ingreso a una suerte de ficción, que funciona para resolver contradicciones sociales y la justificación suficiente para la internación.

De allí en adelante las leyes por las cuales habrá de juzgarse a los menores de edad, serán las de educación y no las de castigo(5).

Contemporáneamente, según el Juez Doctor Artemio Moreno la Ley Agote es una de las más sabias y de mayor alcance humano que ha producido el Parlamento argentino, llamando la atención por sus notables cualidades de técnica legislativa, que se comprueba en la claridad de sus conceptos y en lo preciso de sus disposiciones.

El Juez de Menores, según esta ley, va a tener dos grandes apoyos: el primero proveniente del especialista médico infantil; y el segundo, derivado del delegado visitador. El médico se interesará especialmente por establecer la existencia de una anormalidad, las causas de su criminalidad y reincidencia, y finalmente deberá aplicar los medios adecuados para la solución de esas dificultades. En cuanto al delegado visitador, el mismo deberá realizar la encuesta social sobre la familia en cuestión, los antecedentes, las condiciones económicas y morales de la casa y del barrio; informar periódicamente al tribunal sobre el comportamiento de aquellos que han sido confiados a su vigilancia, e interesarse por la denuncia de los casos de abandono moral, entre otros, comprendidas en la ley.

Como señala Gomes Da Costa, esta justicia especializada intervendrá cuando “nos encontremos ante menores de edad carentes bio psico socio cultural, o sea un manojo de carencias.”

Es claro que el salto hacia la justicia especializada, fue pionero e innovador, pero no alcanzaba para completar la conquista. Es por esa razón que la Provincia de Buenos Aires en el año 1938(6) sanciona la ley 4.664 (7) de creación de los Tribunales de Menores, incorporando todas las ideas salvadoras, y perfeccionándolas aun más. La competencia respetará los lineamientos nacionales en cuanto a la equiparación del menor abandonado/víctima y delincuente(8) ; y la inclusión del concepto de peligro moral y material(9) al que esta vez no intenta definirlo. La ley detalla minuciosamente la actuación de la policía cuya intervención en un procedimiento sencillo y con escasos recursos, ocupa un rol esencial(10) . La confianza ciega en los instrumentos(11) utilizados por el positivismo determina objetivamente la destrucción del principio de legalidad.

La persona menor de edad seleccionada por el sistema de menores, no es más el infractor comprobado en la ley, sino toda una categoría de sujeto débil, a quien los instrumentos científicos permiten detectar como potencial delincuente. Las limitaciones a las garantías procedimentales también se ejercerán en el ámbito de la defensa. La asistencia letrada dependía de que los menores tuvieran padres o tutores que se los designaran y aún en esta circunstancia, la propuesta debía ser admitida por el Juez, quien evaluaba previamente las características de los padres y tutores para poder dar viabilidad a la petición.

Más allá de la aceptación o el rechazo de la propuesta, siempre intervendrá en escena el asesor de menores(12) , ya que en este proceso especial no existe el agente fiscal, puesto que no hay nada que acusar, pero sí mucho para educar. El asesor de menores es entonces el defensor de los intereses del menor de edad y de la sociedad. Vulgarmente decimos que es un “esquizofrénico jurídico,” ya que representa partes manifiestamente contrapuestas en cualquier procedimiento, una norma avalada por el art. 59 del Código Civil.

En el caso de los menores imputados de violación a la ley penal, se recibe de ellos declaración, sin darle conocimiento de sus derechos bajo el pretexto de que de nada debía defenderse, por cuanto no se lo acusará formalmente, y que en la medida que colaborara y se manifestara con la verdad, podría ser entonces ayudado.

La prueba es evaluada de acuerdo a la convicción sincera del juez y teniendo en cuenta principalmente la condición psicológica del menor de edad. Es claro que este menor, cuidadosamente seleccionado secundariamente a través de los operadores, se encontrará en el mejor de los casos con una libertad provisional, puesto que no se establece el cese de la intervención; inclusive repite los rasgos de su ley madre nacional (10.903) al poder disponer de la persona menor de edad asistencialmente hasta los 21 años de edad.

El “movimiento salvador del niño” con su procedimiento secreto e informal, sin partes claras y con nítidas concepciones de control y castigo disfrazadas de educación tutelar en las antípodas de un debido proceso constitucional, no había llegado aun a su apogeo.

En el año 1983, con los últimos aires de la más sangrienta dictadura militar, es sancionado y promulgado el decreto ley 10.067/83 mediante el cual se reformula el Patronato de Menores en la Provincia de Buenos Aires(13). Este nuevo instrumento de control no sólo recae sobre los menores de edad, si no que repite potestades con respecto a los mayores, profundizando así el poderoso elemento de dominación sobre las clases más desprotegidas.

La competencia de este Juez de Menores abarca el tratamiento de las causas asistenciales y penales no pudiendo diferenciar, en cuanto a los efectos, a un niño abandonado / maltratado respecto del autor de delito y en consecuencia, el tratamiento adecuado. Sin partes claras, el Juez de Menores seguirá siendo Juez de instrucción, de sentencia y de ejecución, y la sanción privativa de libertad, o sea la internación, que es el único mecanismo de acción estatal, tanto sea en su utilización como prevención o como condena, que se cumplirá en establecimientos especiales. Se cristaliza con este decreto ley, el dominio de la corriente de la situación irregular de la infancia, objeto de tutela/compasión y por supuesto objeto de prueba.

A fines de 1989, y cumpliendo diez años en los trabajos preparatorios, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó por unanimidad la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, no siendo casual que casi todos los países del mundo la hayan ratificado.

La Convención de Derechos del Niño, no es un tratado más sobre Derechos Humanos, ni la profundización de anteriores concepciones de niñez. La Convención marca una ruptura filosófica y jurídica trascendental con las tradiciones tutelares y paternalistas de la infancia, altera el derecho interno de cada país que la incorpora y constituye principalmente un punto de inflexión más que significativo, para el desarrollo del nuevo paradigma de la protección integral sobre los derechos de la niñez.

Niños, niñas y adolescentes, dejan de ser considerados como objetos de protección, corrección, tutela, rehabilitación, prevención... para pasar a ser reconocidos como sujetos de derechos, es decir, como ciudadanos. Este nuevo enfoque que realiza la Convención, es un planteo de derechos universales para toda la infancia y adolescencia sin ningún tipo de distinción.

La Convención Internacional cancela definitivamente la imagen del "menor" como objeto de la compasión-represión, convirtiéndolo en el niño-adolescente, como sujeto pleno de derechos.
El proceso de transformación legislativo se ha desarrollado a partir de una profunda discusión de las concepciones filosóficas y sociológicas básicas. En plena etapa cambio cultural, quienes componíamos por aquellos años esta cátedra, nos constituimos en participantes activos de las discusiones en busca de armonizar la legislación de la Provincia de Buenos Aires, con la Constitución Nacional y la CIDN.

Es así que esta cátedra formó parte de la Comisión Bicameral que gestó el 29 de diciembre del año 2000(14) la ley 12.607 de Protección Integral de los Derechos del Niño y el Joven. Así, luego de varios años de proyectos presentados tanto por los distintos ejecutivos como por legisladores, se logró sancionar un nuevo régimen, contra cara del anterior, que adaptaba el ordenamiento jurídico local a la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales suscriptos por la Argentina.

La ley 12.607(15) considera al niño como sujeto de derecho, y obliga al Estado y a la comunidad a respetar esos derechos y a redefinir las políticas públicas en relación a esta temática.

Desde este paradigma, el juez debe intervenir sólo en conflictos jurídicos, respetando la igualdad ante la ley y todos los principios constitucionales de legalidad, jurisdicción, contradictorio y defensa. En las cuestiones penales sólo debe intervenir en delitos por acusación fiscal especializado ante el Juzgado en lo Penal Juvenil en instancia única, con instrucción a cargo del fiscal e impugnable ante un Juez de Garantías en lo penal juvenil y Cámara de Garantías, todo por fin con la permanente intervención del defensor especializado y Asesor del Niño y Joven. Se establece así un procedimiento oral propio, a semejanza del Código Procesal Penal de adultos(16) .

Respecto a los equipos técnicos de los Juzgados, los mismos pasarán a depender jerárquicamente de la Asesoría Pericial Departamental, y emitirán sus dictámenes a requerimiento.

Se creará un sistema de promoción y protección de derechos que, en el ámbito de los Consejos Provincial y Municipal y de la comunidad, atenderá la llamada problemática asistencial, a través de la implementación de programas y servicios de protección de derechos destinados a los niños y jóvenes. Con esto se cercena la denominada “esfera asistencial,” dando un golpe letal al Patronato de Menores.

La necesidad de lograr una real transformación, nos lleva a considerar dos cambios esenciales: uno de ellos es la participación de defensor y fiscal en el procedimiento penal de menores, y el otro es la extirpación de la citada esfera asistencial de los actuales tribunales, dividiéndola entre los Juzgado civiles y los sistemas de protección municipal y provincial. Respondiendo a ello, el art. 8 de la ley 12.607 crea el “Sistema de Promoción y Protección Integral de los derechos del niño y el joven.” El mismo se implementará descentralizadamente mediante una concertación articulada de acciones de la Provincia, los Municipios, las organizaciones sociales de la comunidad y las de atención específica de la infancia y la juventud. En el art. 33 se establece que los servicios locales contarán con un equipo técnico-profesional con especialización en la temática integrado como mínimo por un psicólogo, un abogado y un Trabajador Social. Estábamos logrando con esto, el derrocamiento de más de 80 años de control social indiscriminado de poblaciones vulnerables, seleccionadas por el más claro sistema de control y de criminalización.

Pero lamentablemente, el Sr. Procurador de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, interpuso acción de amparo(17) contra la puesta en funcionamiento de la ley, y la misma quedó suspendida. Actualmente se encuentra en la Corte Suprema de Justicia Nacional por el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto.

Tras varias idas y vueltas, nuevamente con integrantes de esta cátedra y de la Escuela Superior de Trabajo Social, conformamos el Foro Provincial por los Derechos de la Infancia, incidiendo considerablemente para que el 14 de enero del año 2005, por decreto 76, se publicara en el Boletín Oficial Provincial, la ley 13.298 que deroga nuevamente el decreto ley 10.067/83 del Patronato de Menores e incorpora los principios de la ley 12.607, respetando la igualdad ante la ley y todos los principios constitucionales de legalidad, jurisdicción, contradictorio y defensa. Ya en su art. 20 volvíamos a la conquista zonal con los Servicios Locales de Protección de Derechos que contarían nuevamente con el equipo técnico - profesional con especialización en la temática, integrado nuevamente por Abogados, psicólogos y trabajadores Sociales.

El 7 de febrero del corriente año, y a escasos días de la entrada en vigencia de la ley transformadora, por mayoría(18), el Máximo Tribunal Provincial, hace lugar al proceso de inconstitucionalidad, a la solicitud de suspensión provisoria de la ley 13.298 y expresamente “...a la vigencia...de la legislación anterior.” Los fundamentos expuestos fueron la conflictividad existente entre los dos sistemas (el garantista y el tutelar), el veto parcial realizado por el Sr. Gobernador y la falta de programas municipales que absorban las causas asistenciales.

Buenos Aires, aunque no tan buenos, a contramano de las legislaciones provinciales e internacionales más modernas, sigue cegada en profundizar un sistema arcaico y violatorio de los principios rectores de nuestra constitución. Pero ya es decididamente incuestionable el enfrentamiento entre el paradigma de la minoridad y el paradigma del niño y de tal forma es así que el Congreso Nacional luego de inumerables tratamientos por diferentes comisiones sanciona la ley 26.061(19) derogando el Patronato de Menores e instaurando un nuevo sistema de infancia en la República Argentina. Entre su articulado cabe destacar la mención expresa al INTERES SUPERIOR”(20) . A los efectos de la presente ley se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley... Debiéndose respetar: a) Su condición de sujeto de derecho; b) El derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta; c) El respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social y cultural; d) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales; e) El equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes y las exigencias del bien común; f) Su centro de vida. Se entiende por centro de vida el lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia,...Este principio rige en materia de patria potestad, pautas a las que se ajustarán el ejercicio de la misma, filiación, restitución del niño, la niña o el adolescente, adopción, emancipación y toda circunstancia vinculada a las anteriores cualquiera sea el ámbito donde deba desempeñarse...Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros. Fortalecimiento de las políticas públicas(21) y la responsabilidad indelegable del estado, el derecho a ser escuchado(22) como garantía mínima en procedimientos administrativos y judiciales(23) . La instauración de los sistemas de promoción y protección integral y la creación del defensor de niños, niñas y adolescentes.

Entendemos a esta nueva ley, como una nueva conquista para la infancia. Sostenemos que el derecho es una herramienta de conocimiento útil, y así como las leyes también lo son, el conocimiento se constituye en sí mismo en herramienta para abordar las diversas problemáticas con las que se enfrentan los sujetos con los que trabajamos cotidianamente. Aunque por otro lado, es sumamente válido el pensar de estos sujetos cuando en las reiteradas consultas manifiestan con justificado enojo y hasta resignación: “... de qué me sirve esta ley, este tratado o esta convención si la gente común, la gente de mi barrio, la gente sencilla –al decir de Pablo Neruda- se sigue muriendo de hambre, las leyes no sirven de nada...” (24)

Pero es allí cuando recordamos más que nunca al maestro Bidart Campos al tiempo que nos enseñaba que todo el sistema legislativo nacional e internacional viene a formar parte de una especie de “estante”, y “cada persona que siente vulnerado su derecho, se acerca y reclama una solución”. Y son los operadores del sistema los encargados de seleccionar la herramienta o el mecanismo adecuado para tratar esa problemática. Si esos estantes son las legislaciones nacionales e internacionales, todo el conocimiento son la facultad para saber cual seleccionar y en que momento utilizarla.

Los encargados de conectar esos mundos somos todos nosotros como operadores de este sistema: abogados, psicólogos, trabajadores sociales, y los simples ciudadanos. Y en nuestro cotidiano desenvolvimiento profesional no debemos tener ni la soberbia, ni la ignorancia de ordenar lo que se debe o no hacer sino insistir en la idea de que el derecho, las leyes, son herramientas de conocimiento útil, y son el único mecanismo que tenemos para descristalizar esos compromisos internacionales tan perfectos, con sus procedimientos. ¿De qué manera? .Dándoles contenido, humanizándolos, interviniendo en la situación concreta, pero ante todo, poniéndoles nombre y apellido a cada una de ellos.

 

(1) Este trabajo fue realizado por el equipo de cátedra de la materia de Derecho I dictada en la Escuela Superior de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. La misma está compuesta por el Abog. Gabriel M A Vitale, Abog. Elizabeth Azcona, Maria Laura Viscardi, Ctdra. Maria Elina Lopez, Lic. Claudia Lopez, Mariela Bertoa, Paula Tosi y Juan Olivetto.

(2) “ Tutelados y asistidos”, Silvia Duschatzky (compiladora).

(3) Basado en la ponencia sobre El análisis del tratamiento de la violencia escolar en el marco de la Convención de los Derechos del niño realizada por el area de infancia de la ESTS/UNLP
.
Arts. 264 y 306 a 310 del Código Civil.

(4) Ley 10.903 arts. 14 y 15. Si bien el art. 21 intenta ejemplificar las características de este concepto.

(5) No en vano es reiterar que el Juez y salvador Ben Lindsey proclama a Colorado (EEUU) como pionera en la especialización de la justicia de menores, casualmente o no tanto, la reforma estaba incluida en una ley de educación del Estado (1899).

(6) El 3 de enero de 1938 la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires publicada el 9 de febrero del mismo año. A partir de este año prosiguen con dicha implementación las provincias de Mendoza (1939), San Juan (1947), Santa Fe (1949), Chaco (1956), Córdoba (1957), Salta (1961), Santiago del Estero (1968), Formosa (1969) y Corrientes (1970).

(7) Completada con sus similares 4.547/37 hasta 1961 y 6.661 hasta 1983.

(8) art. 8 ley 4.664.

(9) arts. 8 inc. b y 18 ley 4.664.

(10) arts.4, 9, 10, 11, 13 y 34 ley 4.664.

(11) Instrumentos heredados del positivismo criminológico.

(12) Art. 59 del Código Civil”...que será parte legítima y esencial en todo procedimiento judicial y extrajudicial...”

(13) Este decreto ley derogó las leyes de 4664 de los tribunales de menores y 6661 sobre el consejo general de la minoridad.

(14) La nueva ley, promulgada con algunas observaciones el 12 de enero de 2001 y publicada el 22 del mismo mes y año se encuentra suspendida por el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto por el Procurador de la Suprema Corte de Justicia ante la Corte Nacional.

(15) Con esta sanción, la provincia de Buenos Aires se colocaba, con matices diversos, junto a las provincias de Mendoza, Chubut, Neuquén, Santa Fe y la ciudad autónoma de Buenas Aires.

(16) Ley 11.922 de la Provincia de Buenos Aires.

(17) Entiendo que el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires y en especial la Procuración, no podía soportar otra reforma tras el riesgo político que esto significaría. Sumado a ello, los consejos de los especialistas judiciales, dieron sustento a la acción de amparo interpuesta.

(18) Causa I 68.116 Con voto de los Sres. Ministros Dres. Eduardo De Lazzari, Héctor Negri, Francisco Roncoroni, Luis Genaud y Eduardo Pettigiani. En disidencia el Sr. Ministro Dr. Daniel Soria.

(19) Sancionada: 28/09/2005 Promulgada de Hecho: 21/10/2005 Publicación en B.O.: 26/10/05

(20) Art. 3 ley 26061

(21) Art. 4

(22) Art. 24

(23) Art. 27

(24) manifestaciones realizadas continuamente por alumnos.

 

 

 

 

 

 


 "EL DIAGNÓSTICO EN LA PRÁCTICA CON NIÑOS EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL”
arriba
Asociación Psicoanalítica Argentina, Jornadas de Medicina Psicosocial, Mayo 2006.
Lic. Patricia Marini

 

En la práctica con aquellos niños y adolescentes que incurren en actos que aparecen narrados en una figura penal, ilícitos normativamente sancionados por la cultura reinante, el proceso de evaluación, intervención y seguimiento (proceso diagnóstico) es realizado por agentes u organismos desligados entre sí y pasa a engrosar las numerosas “fojas” que integran un expediente, que se inició por una “causa penal” y que será leído e interpretado por profesionales de distintas disciplinas e individuos que adhieren a diferentes ideologías. De allí, su complejidad.

Los jóvenes y niños que infringen las leyes llegan a dicha situación por variados y singulares conflictos, en ocasiones debido a las vicisitudes propias del intento de ruptura con su mundo infantil, o por identificación con sus pares (pandillas) o por falla en las funciones de sostén y corte, o por una ronda sin fin de frustraciones, desamparo, violencia y abandono. Sobre la base de una grave conflictiva familiar seguida de carencias afectivas, económicas, educativas y sociales, en alguno de estos chicos, según las conceptualizaciones de Gilbert Diatkine, suele surgir un superyo severo y arcaico y una culpabilidad inutilizable para la conciencia del sujeto que los deja, absolutamente desprovistos para satisfacer las exigencias del superyo y de la realidad. Generan un fuerte sentimiento de desvalorización vehiculizando la formación de un narcisismo frágil, clivado entre la representación de un yo desvalorizado y un ideal del yo grandioso que lo viene a compensar.
¿Qué diríamos de ellos?
¿Psicopatía? ¿Trastornos de la personalidad? ¿Peligrosidad para sí o para terceros?
Luego de rotulados ¿Qué hacer con ellos?

“Nuestra sociedad, en líneas generales, niega la conflictiva marginal en la niñez y adolescencia, hasta que sufre sus efectos. Desde allí, en el lugar de la víctima, los juzga y rotula, a modo de continuar dejándolos por fuera del marco”(Actis-Marini), en muchas oportunidades utilizando como herramienta un “diagnostico”, entonces, pasan a engrosar las filas de los “sacrificables”, como llama Pierre Kammerer a aquellos grupos sociales que reciben proyecciones desnarcisisantes del conjunto de la sociedad, situación que los empuja a pasajes al acto del tipo delincuencial o los inclina a depresiones graves (Pierre Kammerer). En lugar de proporcionarles la suficiente estabilidad, contención y libertad que les permita redescubrir sus posibilidades y reorganizar su mundo interno, posibilitando la emergencia de lo nuevo.

He llegado a suscribir a los conceptos aquí vertidos a partir de mi experiencia, por un lado, como asistente tutelar en un Juzgado penal de menores y por otro, como integrante de un grupo de investigación- acción en la Fundación Referencia Buenos Aires.
- Los Juzgados penales de menores son llamados a actuar en circunstancias que se denuncia un hecho delictivo en el que está implicado un niño o adolescente. Siempre en resguardo de los derechos y el bienestar de ese niño o adolescente. Allí la Justicia debe oficiar, paradójicamente, como intermediaria entre la afrenta a la sociedad y las necesidades del niño o adolescente.
La función del juez implicaría velar por la restitución o el novedoso armado de un equilibrio ambiental básico que le permita al niño o adolescente reorganizar y restablecer sus recursos, preservando además, el bienestar de la comunidad. Puede, de acuerdo a las posibilidades de cada caso, decidir entre internar al niño o joven en un Instituto, ya sea de régimen cerrado o abierto, o entregarlo a un grupo conviviente; ejerciendo, además, un seguimiento de la evolución del mismo, por intermedio de sus asesores profesionales.

Allí los asistentes tutelares somos convocados para realizar una evaluación socio ambiental, un diagnóstico psico-social, que el juez utilizará como herramienta para el intento de restitución del equilibrio ambiental del niño y luego, mientras dure la Causa, realizamos un seguimiento de la evolución del niño . la función allí es informar al juez o al tribunal acerca de dicha evolución.
El consejo nacional del niño/niña y adolescentes es quien administra y coordina los recursos asistenciales, programas de rehabilitación, institutos, hogares, becas, etc. que se utilizan para tales fines.

Así, en principio, se inicia un expediente tutelar al que se van sumando las distintas miradas, diagnósticos y decisiones que se van tomando sobre esas complejas y peculiares vidas.

José tiene 17 años. Hijo de padre desconocido. La madre, quien tuvo otros once hijos de diferentes uniones, alcohólica, vive sumida en la pobreza, en un barrio marginal. “Yo con él no puedo, nunca pude”. José, desde los 10 años tuvo 11 ingresos a institutos cerrados de menores, por delitos que fueron incrementando en su gravedad y tipificación penal, en algunas oportunidades fue entregado a su madre y en otras alojado en un hogar de tránsito, pero indefectiblemente, se escapaba y volvía a la calle. Intervinieron en su caso distintos jueces, distintos trabajadores sociales y distintos psicólogos.

“Mire dotora
(mostrando las cicatrices paralelas que se había auto infligido en ambas muñecas) yo estoy rayado... dónde me van a dar una oportunidad así... yo ya quedé afuera...” A los pocos días, en una visita a su madre, desde el instituto, fue muerto en un ajuste de cuentas.

Tomando como referencia al concepto de “ruptura del contrato nacisista” que Piera Auglanier desarrolla para la psicosis. Me inclino a pensar que el diagnóstico de “trastornos de la personalidad” y “tendencia a conductas psicopáticas” sostenido en el discurso de su propia madre y leído por variados y desligados agentes, ha posibilitado en José “el redoblamiento de una misma dialéctica, en la que, de ese modo, se encontró doblemente apresado”
- En otro ámbito, y respecto de la otra experiencia a la que me he referido, como miembro de la Fundación Referencia Buenos Aires, he tenido la oportunidad de participar de un grupo de investigación - acción, del que también participó la Dra. Teresa Popiloff, en el que intentamos implementar un dispositivo grupal novedoso que se utiliza en Uruguay desde hace más de una década, bajo la coordinación del Dr. Marcelo Viñar: El grupo de Palabra.

En el año 2003, durante aproximadamente 8 meses, hemos implementado el dispositivo, luego de copiosos trámites burocráticos, en el Instituto cerrado de menores, Manuel Belgrano, donde se alojan adolescentes de entre 16 y 18 años, en conflicto con la ley penal.

El grupo de palabra es un dispositivo específico para niños y adolescentes privados de la libertad.
Funciona como grupo abierto, al que los adolescentes institucionalizados concurren o no libremente, con un máximo de 12 integrantes por sesión, con una frecuencia semanal y sin tema pre-establecido.

Bajo un encuadre estable con dos coordinadores (hombre y mujer) en contacto directo con el grupo de chicos y, paralelamente, en otro especio, el grupo de investigación en el que se habilita un espacio abierto a la discusión, profundización y elaboración teórica después las sesiones.
La consigna convoca a la palabra y pone en suspenso toda acción.
El objetivo del grupo fue crear un espacio que priorice la circulación de la palabra y permita favorecer el encuentro.

Con la convicción de que la circulación de la palabra posibilita la creación de lazo social. El grupo se constituye así en una matriz subjetivante, por la circulación de la palabra y socializante por el efecto grupal.

Los coordinadores sostienen la abstención de sus propios valores y juicios y excluyen el conocimiento de las historias previas, legajos y carpetas de antecedentes de los chicos.
Nada de lo que sucede en el grupo viene de sus legajos, ni va hacia ellos, no hay informes previos ni posteriores.

Cada uno se presenta sólo con su nombre, a veces con su edad. Los coordinadores no saben por qué han ingresado en la institución. Los internos no son seleccionados o estudiados previamente.
Son acogidos y escuchados desde un lugar virgen, preservando así la intimidad, bajo el intento de que ellos puedan construir su propio relato, con fragmentos de texto que cada uno pueda irse apropiando en la matriz grupal y así abrir a la posibilidad de “pensarse” y pensar que otros lugares son posibles. (Liscano)

Fragmento de la tercera sesión de grupo de palabras en el Instituto Belgrano:
Pepe a la coordinadora - Vos sos psicóloga? Sabes que quieren decir los dibujos que te hacen hacer?
Coord. - Depende qué dibujo y quien lo haga...por qué?
Pepe -A mí me dan una licencia por mes y me van a dar una cada dos semanas. ¿Cómo tengo que hablar para no equivocarme con lo que digo? Dije que quería estar con mi familia y la psicóloga dijo que estaba muy obsesionado con la calle.
Carlos-.Corte que si le digo “mi familia” te dicen que estás obsesionado.
Nico-Que salgas depende de los informes de la psicóloga.
Carlos-Te prueban primero con las licencias.
Pepe-Ahora cuando me den licencia no vengo más.
Coord. - ¿Vas a cambiar? (al principio de la sesión se había hablado de la posibilidad de cambio y el chico que hablaba había dicho que quería cambiar)
(risas)
Pepe – Trabajo no hay... (irónicamente)
Carlos - Yo tengo el diablo encima, sueño con el diablo.
Coord. - ¿Y ese tatuaje?
Carlos – Yo me lo hice al tatuaje del diablo. (muestra el cuello)(risas)
Pepe- Yo tengo un hijo. Tiene dos meses. Y tengo otros que no los veo.
Nico- Este tiene como veinte hijos tirados. (risas)
Pepe - Yo sé que voy a cambiar por él, por mi hijo, trabajando porque si no él va a hacer lo mismo, va a ir a robar. El día de mañana va a decir “Ese es mi viejo” drogado y robando.

Entiendo a esta altura de mi recorrido que, en ocasiones, para rescatar a ese individuo singular que generalmente queda desdibujado en la sumatoria de diagnósticos, expedientes e informes técnicos se hace necesaria la difícil tarea de poner en suspenso el conocimiento previo y sólo sostener las preguntas de ¿A quienes escuchamos? ¿Quiénes escuchamos? y ¿Para qué?.

*Lic. Patricia Marini
Psicóloga
Asistente Social
pmarini@fibertel.com.ar


Bibliografía

• Krammerer, Piere( 1996) “Adolescents dans la violence “
• Actis,Casanova, Cena, Marini, Morici, Popilioff,Pugliese, Pelento (2004) “Grupo de palabra. Una práctica con adolescentes privados de su libertad” Revista de las XX Jornadas Anuales de la AAPPG.
• Actis Fabián, Marini Patricia, 1999 “ Prejuicio , violencia e identidad”. V Jornadas sobre Niñez, adolescencia y violencia. Organizadas por la Fundación Referencia Buenos Aires.
• Auglanier, Piera, 1997, “La violencia de la interpretación”.
• Liscano, 2001. De adolescencia marginada: una experiencia de trabajo. Jornadas sobre infancia y marginalidad, Colonia. Fundación Referencia Buenos Aires y profesionales del Uruguay.
• Pelento, M.L., 2001-2004. Actas de reuniones de grupo de investigación. Fundación Referencia Buenos Aires.

 

 

 

 

 

 


 "REFLEXIONES ACERCA DE LA PRAXIS DE LOS DELEGADOS INSPECTORES EN EL
FUERO DE MENORES: LÍMITES, POSIBILIDADES, DESAFÍOS."

arriba
Monografía presentada en el curso de Consejero en Minoridad, Colegio público de abogados
de San Isidro, diciembre 2005.
Dra. Silvia Susana Fernández*

 

“...Ya no parece que seamos, o que vayamos a ser, los hechiceros en los que nuestros predecesores modernos esperaban convertirse, y en los que intentaron convertirnos. Somos, más bien, los desafortunados aprendices que vemos con horror y desesperación cómo las escobas vuelan fuera de control. Las escobas, a las que alguna vez les ordenábamos barrer el piso y mantener limpia la habitación, ya no aceptan más estímulos que la embriaguez de su propio frenesí. No tienen otra limitación que la de quedarse sin combustible. En vez de hacer lo que necesitamos nosotros, siguen haciendo lo que ellas saben hacer mejor...” (Zygmunt Bauman, “La sociedad sitiada”, 2004).

INTRODUCCIÓN
Las reflexiones que intentaré esbozar en estas pocas líneas surgieron en el marco del desarrollo del presente curso y como resultado de la actividad de lectura, debate y pensamiento llevado a cabo con otros operadores de la agencia judicial, colegas de la misma disciplina que transito y de otras, que compartimos la incomodidad y la angustia profesional que producen nuestros roles y aceptamos el desafío de repensarnos en una nueva dinámica, cuya lógica ya no responde a las estructuras en las que fuimos laboral e ideológicamente concebidas.

Las palabras escogidas para transmitir esas percepciones y su aplicación al ámbito específico de mi propia actividad como Delegada Inspectora ante la Justicia de Menores en Capital Federal, son de mi exclusiva responsabilidad.


1.- LOS DELEGADOS INSPECTORES: ASPECTOS NORMATIVOS DE SU INTERVENCIÓN.
Los Delegados Inspectores, en el ámbito de la Justicia Ordinaria de la Capital Federal, somos empleados judiciales, que dependen del Patronato y por ende, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional y estamos adscriptos a un Juzgado Nacional de Menores, en donde prestamos servicios regularmente y a cuyo titular nos encontramos subordinados, desarrollando tareas específicamente en el área de la Secretaría Tutelar. El sistema de adscripciones hace que la dependencia de destino pueda ser modificada por el superior, ya que la asignación a un juzgado en particular, no reviste carácter definitivo.

En virtud de la acordada de la CSJN nº81/92, los Delegados fuimos “cedidos a préstamo” para cumplir tareas ante los Tribunales Orales de Menores. Dicha situación, en principio provisoria, se consolidó a través del tiempo, sin que ello se haya traducido en un reconocimiento jerárquico ni económico, pese a la duplicación de tareas.

Los Delegados Inspectores éramos designados, sin concurso previo, por el Presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, y en principio, no se exigía una formación especial, desde que en su creación, el cargo tenía categoría “docente”. Luego, se privilegió a profesionales del área de las ciencias sociales. Es así que, el plantel actual de Delegados está compuesto por trabajadores sociales, psicólogos, abogados, médicos, escribanos, sociólogos y docentes. Desde 2004 rige una modificación reglamentaria por la cual una comisión de camaristas evalúa previamente a los candidatos que luego serán seleccionados, los que deberán ser trabajadores sociales, con acreditada experiencia de campo y sólida formación teórica. Excepcionalmente, resalta dicho reglamento, podrán provenir de otras áreas de las ciencias sociales. En el ejercicio de nuestra función, quedamos comprendidos por las disposiciones del Reglamento para la jurisdicción en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

Nuestro ámbito de actuación, dentro de la Secretaría Tutelar, abarcaba, hasta la reciente sanción de la ley 26.061 (Régimen legal de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes) todas las actuaciones en las que se formara expediente tutelar por haberse resuelto la disposición judicial del menor, de carácter provisoria o definitiva, fuera por habérselo imputado o resultado víctima de un delito o por cuestiones asistenciales derivadas del abandono o exposición a riesgo moral o material (Reglamento para la Justicia Nacional, ley 10.903, ley 22.278).

A partir de la entrada en vigencia de la ley 26.061, deberán entenderse excluidas –como principio general- de la Justicia de Menores, las causas asistenciales y aquellas en las que los niños, niñas y adolescentes hayan resultado víctimas de delitos, las que deberán ser tramitadas según el procedimiento administrativo que fije la autoridad de aplicación y/o con la intervención de la Justicia Civil. Cabe aclarar que lejos de brindar claridad conceptual, la mencionada ley está siendo foco de acalorados debates y objeto de incontables críticas, por todas aquellas instituciones y operadores involucrados en su aplicación. Lo cierto es que, parecería concluirse que la Justicia de Menores ha de quedar reducida a sus dimensiones (no por ello reducidas, mal que nos pese) de Justicia Penal. Vale decir, sólo podrían caer bajo la órbita de un Juzgado Nacional de Menores, aquellos niños, niñas y adolescentes con una causa penal en trámite.

En estos casos, la función del Delegado Inspector abarca diferentes tareas. Algunas, se producen en la sede del Juzgado (confeccionar informes sociales iniciales en toda causa que se inicie durante los días de su asistencia al juzgado de adscripción, entrevistando a los progenitores o guardadores y al menor imputado, piezas que luego serán adjuntadas a los expedientes tutelares a formarse; realizar entrevistas de seguimiento mensual a menores encausados cuyo domicilio se encuentra en zonas de “alta peligrosidad”, conforme calificación de la Policía Federal) y otras exigen una actividad fuera del ámbito territorial de la institución (informes ambientales y entrevistas de seguimiento de los encausados in situ –sea en sus domicilios o lugar de detención-; articulaciones interinstitucionales – programas del CONNAF, hospitales, escuelas, redes comunitarias, etc.). Toda actividad de los delegados, deberá formalizarse en informes dirigidos al juez , con la frecuencia que se establezca conforme su modalidad de trabajo y las particularidades del caso.

A primera vista y formalmente, la actividad del Delegado es eminentemente informativa y asistencial, en cuanto intenta canalizar institucionalmente las necesidades de sus “tutelados”, y por cuanto carece de facultades vinculantes. Sin embargo, su contradictoria teleología – mix de “buen padre o buena madre” en la Doctrina de la Situación Irregular y “oficial de probation” en la Doctrina de la Protección Integral del niño- en sistemas que mantienen su carácter híbrido y paranoico pese a las declamaciones formales – ej., el vigente en Capital Federal - lo constituye regularmente, a través de su actuación (expediente tutelar), en fundamento casi exclusivo y excluyente de las decisiones jurisdiccionales que deciden el cese de la disposición o la innecesariedad de la aplicación de una pena, una vez declarada la responsabilidad penal del sometido a proceso (ver arts. 3 y 4 de la ley 22.278).

Si se piensa en el mentado “colapso” de la justicia penal de menores, donde la gran mayoría de los adolescentes, cumplen la mayoría de edad “esperando” el juicio que establezca su responsabilidad penal, esto implica que: a) En el peor de los casos, la actuación de los delegados, ha de encuadrarse jurídicamente como “cautelar” dado que no ha habido decisión sobre el fondo, por lo que la intervención ha actuado como restricción legalmente autorizada (¿constitucionalmente válida?) de ciertos derechos –intimidad, libertad, etc.- de quien, a la postre, nunca dejó de ser considerado inocente, conforme las garantías vigentes; b) En el caso de haberse emitido un juicio de responsabilidad, en el cual el menor haya sido hallado culpable, la imposición o no de pena, resultará de la evaluación de su sometimiento a un “tratamiento tutelar” no inferior a un año (art. 4 ley 22.278).

Se me ocurren impostergables preguntas: ¿En qué consistirá el “tratamiento”? ¿Es viable un “tratamiento”? ¿Son los Delegados Inspectores con su modalidad de trabajo los profesionales idóneos para proveerlo? ¿Es compatible con fines constitucionalmente respetuosos la actividad de los delegados – órganos del sistema penal- sobre menores sometidos a proceso sin certeza de juzgamiento y con notas de un Derecho Penal de autor?

Ensayar algún tipo de respuesta a estos y otros interrogantes, nos obliga a reflexionar acerca de algunos datos esenciales del campo de nuestra praxis. A saber: a) ¿en qué realidad estamos interviniendo? b) ¿Desde dónde estamos operando? c) ¿Qué podemos pretender de nuestra intervención? El primer interrogante, nos lleva a preguntarnos acerca de los mecanismos de construcción de la subjetividad de los menores que llegarán (actual o hipotéticamente) a nuestras instituciones y los otros, nos obligan a posicionarnos, a admitir las falencias estructurales e imposibilidades actuales y contextuales de las instituciones a las que pertenecemos y la ineficacia de su discurso, como así también la inutilidad de seguir buscando herramientas y planos para construir sobre tierra firme, cuando en realidad, solo tenemos arena (1).

2.- LA SUBJETIVIDAD EN LA ERA DE LA FLUIDEZ (2)
Sostiene Ignacio Lewcowicz que no podemos seguir pensando en el Estado-Nación como metainstitución donadora de sentido. Así, durante la modernidad, el sujeto tenía una existencia institucional en la que entre las instituciones había un lenguaje común, cuyo centro integrador era el Estado. Cada institución operaba sobre las marcas forjadas por una intervención anterior (familia, escuela, fábrica, prisión, etc.) y a su vez, la subjetividad institucional formada constituía un “ciudadano”, sustentado en la idea de “progreso” basado en el sufrimiento presente para un mejor porvenir, el que devendría de manera humanamente previsible, permitiendo actuar mediante cálculos racionales, afincados en la solidez de los vínculos intersubjetivos y de la “carrera” laboral. En este marco, el individuo adquiría su identidad “institucional”.

En la actualidad, el Estado existe, aunque en condiciones y operatoria de mercado. Se trata de un mero Estado técnico-administrativo, donde el ciudadano dejó paso al “consumidor”. El mercado no es una articulación simbólica sino una conexión real, que genera una dinámica de conexión y desconexión de lugares, mercancía, información, personas, sin que esa conexión asegure un sentido. La crisis consiste en la disgregación de una lógica totalizadora sin otra totalidad equivalente en su efecto articulador, dejando paso a un devenir no reglado, caótico que produce perplejidad. El mercado, el capital financiero, se afirma sin reprimir ni producir; es un poder que domina por destitución.

De este modo, entiendo que el consumidor es el objeto del mercado, pero ¿Quién es el sujeto del Derecho? Si una institución, como una norma o una práctica jurídica, adquieren sentido al interior de una totalidad-cultural- a la que pertenecen (3), ahora sólo encontramos fragmentos. El Derecho, y por lo tanto la práctica judicial que surge de su fracaso como articulador de la ley simbólica, también devienen “galpones”(4). La ley ha dejado de ser el elemento común mediante el cual nos reconocíamos iguales –iguales ante la prohibición-. Los Estados cada vez recurren con más frecuencia a regímenes legales de “excepción”(5) o “emergencia” (como en Argentina después de la “crisis del 2001”) como herramienta de gobernabilidad, lo que es compatible con el Estado técnico-burocrático, en el cual, en definitiva, quien se encuentra en condiciones de ejercer los “derechos a todos reconocidos” es aquel con el “poder” de hacerlos valer, y esto no siempre coincide con un ejercicio responsable y solidario.

Por lo tanto, podríamos decir que lo normativo y el saber, como operaciones básicas de subjetivación, han dejado lugar a la imagen y la opinión. El sujeto- en nuestro caso, el menor- ajeno a marcas previas (hijos de generaciones flexibles o excluidas), se constituye a través de lo que ve y lo que siente, y ambas cosas se encuentran hipersaturadas por la superabundancia de estímulos, que operan en una fluidez fuera del control de quien los experimenta.

Por ello, en este marco de inmediatez y urgencia por constituirse desde el adquirir y usar (ni siquiera ya “tener”) nos encontramos con situaciones que han devenido, por oposición, operaciones de destitución:

        • la pérdida de valor del trabajo como elemento creador de identidad y de instrumento estable           para forjar un porvenir;
        • la constitución subjetiva a partir de la imagen, la opinión y las emociones saturadas;
        • la imposibilidad de calcular racionalmente las consecuencias de la propia conducta respecto de           un ideal de progreso (inutilidad del sufrimiento o sacrificio), y por ende, las dificultades para           asumir cualquier tipo de “responsabilidad”, la que se encontraría siempre por fuera del sujeto.           Como bien señala Kessler, el comportamiento estratégico precisa desplegarse sobre un           horizonte temporal imaginario (futuro en el cual se padecerá los resultados de haber optado           por el delito)(6) .
        • la exclusión sin retorno del mundo del consumo de los no “aptos” –el mercado no precisa de           estrategias de“reincorporación”-, lo que impide acceder a una identidad forjada en estos           parámetros. EL hecho de “estar jugados” acelera el paso hacia la violencia que excede su uso           como medio y se constituye en fin (expresión de resentimiento, resistencia, rebeldía, modo           de ser “visible” frente a los demás);
        • la pérdida de toda función mítica de la autoridad, de la ley, y de la justicia, centrales en la           identidad ciudadana, lo que resulta en la negación de legitimidad de cualquier instancia           externa (ajena a los involucrados) para intervenir en conflictos de intereses intersubjetivos.

3- LAS INSTITUCIONES ESTATALES: ¿Y DESPUÉS DEL NAUFRAGIO?
Pensemos ahora desde qué lugar encaramos nuestras prácticas. Los Delegados Inspectores somos órganos de la Administración de Justicia. Específicamente, del sistema penal, con todas las críticas que a él le caben como instrumento radical del control social y con los consabidos efectos negativos y estigmatizantes, de los que no hay espacio para dar cuenta aquí y ahora. Compartimos la convicción de que nunca ha sido el lugar para solucionar ningún tipo de conflicto, individual o social, y predicamos que su intervención sea la mínima posible. Pero existe, estamos en él y sin la articulación integradora del Estado-Nación, a quien al menos discursivamente servía, es apenas un resto del naufragio. Una ruina sobre la que se montan (y se seguirán montando), renovados discursos fragmentados, que apelan a “salvar” a los que aún no han sido excluidos y que temen, por sobre todas las cosas, el arrebato de su precaria estabilidad por parte de aquellos que deambulan sin identidad, en un presente eterno, sin pasado ni futuro.

Ante, esta situación, podemos quedarnos con el “esqueleto” institucional y seguir operando en su lógica perimida o, si como se ha dicho, las instituciones son “galpones”, allí deberemos encontrar las herramientas para darle sentido a cada una de nuestras operaciones, para hacer habitable una situación (7).

¿Cómo operar sobre una subjetividad fragmentada? No parece posible dar una respuesta generalizada, porque en contextos como el descripto, el conocimiento parece una categoría agotada.

Volviendo a nuestras preguntas iniciales, deberíamos retomar la reflexión acerca de la calidad de la intervención que los Delegados Inspectores podemos ofrecer.

En primera instancia, la complejidad del panorama requiere un abordaje interdisciplinario que no es exigido ni fomentado desde la estructura institucional. El diseño funcional fue concebido para el trabajo individual, en soledad y la interdisciplinariedad que a veces ocurre es “de pasillo” o responde a la propia inquietud de los agentes, quienes procuramos espacios extra institucionales de trabajo conjunto.

En el ámbito de los Tribunales Orales de Menores, los arts. 58 de la ley 24121 y 14 de la ley 24.050 preveían la creación y actuación de un equipo interdisciplinario integrado por un médico especializado en psiquiatría infanto-juvenil, un psicólogo y dos asistentes sociales, también especializados en cuestiones de la minoridad, el que nunca fue implementado.

Por lo tanto, nuestro trabajo nos enfrenta a la situación de ser parte del órgano jurisdiccional (mucha veces desquiciado) y la única cara visible del sistema para el menor sometido a proceso. Desde ese incómodo lugar, luchando contra la escasez de recursos, la sobrecarga de causas asignadas a cada empleado judicial para su seguimiento, los prejuicios de los propios agentes judiciales, quienes en muchos casos consideran las cuestiones “tutelares” como de segundo orden frente al trámite procesal de la causa, tenemos que plantearnos qué queremos y qué podemos hacer.

En primer lugar, debemos tener presente que nuestra intervención, por muy bien intencionada que pueda ser desde lo individual, no deja de ser actuación del sistema penal, por lo que considero que deberíamos no ser ambiciosos y abarcativos, sino más bien modestos y restrictivos. Una intervención adecuada a las garantías constitucionales, que nos permitiera trabajar con la conciencia libre de remordimientos iluministas, exigiría:

a) Que los menores bajo nuestra órbita de actuación, hayan obtenido una sentencia condenatoria como requisito previo para nuestra actuación. Recién a partir de allí, podríamos reflexionar sobre la función simbólica que pueda atribuírsele al Derecho y a la Justicia y sobre la construcción de algún tipo de responsabilidad de los involucrados. Por otra parte, la disociación entre el hecho y la eventual sanción que resulta de un proceso penal indefinido, conspira contra ello y contra la posibilidad de darle algún sentido a la intervención judicial, profundizando la falta de legitimidad de la misma frente a los ojos de quienes la padecen, especialmente si son adolescentes.

b) En el caso de que fundadamente se disponga nuestra actuación en forma preventiva o se resuelva el proceso penal de manera alternativa (suspensión del procedimiento a prueba, etc.), deberíamos centrar nuestra tarea en la contención, el acompañamiento, en el intento de crear lazos y vínculos, que unan fragmentos. Tendríamos que crear un espacio donde los individuos se sientan nuevamente sujetos, al menos como interlocutores de otro que lo reconoce y a quien le interesa. Para ello, es necesaria una escucha atenta y una apertura al diálogo en la misma frecuencia, descartando códigos ininteligibles y fijando pautas específicas, adecuadas a cada caso, que establezcan un cierto sentido a lo que sucede. El mayor desafío consistiría en contribuir a lograr las condiciones para la emergencia del otro, para que éste se perciba a sí mismo, la medida de sus propios recursos y los potencie. Creo que este “tratamiento” es el único posible para brindar a quienes se encuentren en conflicto con la ley penal y desde ya, no parece una tarea posible en el estrecho marco de una única disciplina.

A modo de corolario, quisiera citar la elocuencia de P. Bergel (8):

“...Es difícil que vuelva a existir un gran relato totalizante, pero más improbable aun que surja un Gran Narrador. Por eso, el lugar del narrador individual, es una desmesura...Entonces, los lectores, escuchantes y oyedores no tenemos más remedio – y también la desafiante y feliz oportunidad- que sentarnos en rueda y construir, de a poco y entre todos, un nuevo cuento. Será (ojalá sea) un relato con timbres diferentes, que además del virtuosismo de la razón, deje escuchar los sonidos profundos de la tierra y de los cuerpos, los reclamos y los goces del alma. Será a la vez una utopía del cambio y la reconciliación; el centramiento y la trasgresión. Una utopía serena, pero también picante y colorida...”

*Dra. Silvia Fernández
Abogada, Delegada Inspectora
silviaf1610@hotmail.com

 

(1) Lewcowicz, Ignacio: “Pensar sin Estado”, la subjetividad en la era de la fluidez. Ed. Paidos, 2004.

(2) Lewcowicz, Ignacio: Op. Cit; Lewcowicz, I. Y Corea, C. “Pedagogía del aburrido”, Ed. Piados, 2004.

(3) Cárcova, C.M.: “Teorías Jurídicas Alternativas”, Centro Editor de América Latina, 1992

(4) Grupo Doce, “Del fragmento a la situación”

(5) Agamben, g. “Estado de excepción”, AH Editora, 2004.

(6) Kessler, G. “Entre fronteras desvanecidas. Lógicas de articulación de actividades legales e ilegales en los jóvenes”, contribución en “Violencias, delitos y justicias en la Argentina”, S. Gayol y G. Kessler (Compiladores), Manantial, Universidad Nacional de General Sarmiento, 2002.

(7) Grupo Doce, “Del fragmento a la situación”.

(8) Citado por Cárcova, C. M. en “Derecho y Política en tiempos de reconversión”, dentro de “Teorías Jurídicas alternativas”, Centro Editor de América Latina, 1993.

 

 

 

 

 

 

 "INFANCIA Y ADOLESCENCIA: PRINCIPALES PERSPECTIVAS TEÓRICO IDEOLÓGICAS APORTES DE LAS DISCIPLINAS SOCIALES.
arriba
Presentación especial para el Curso de Actualización para profesionales
“INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN EL FUERO PENAL “
1ER. ENCUENTRO 15 DE AGOSTO
Profesora a cargo: Silvia Guemureman

 

La propuesta en esta sesión es trabajar sobre algunas cuestiones relativas a la intervención de los operadores en terreno. He pensado que la última investigación que hemos realizado con el equipo sobre el quehacer de los tribunales de menores arroja puntos de encuentro en lo que hace a los dilemas de la intervención práctica y concreta en situaciones de urgencia en que están involucrados niños y adolescentes(1).

Salvando diferencias entre las jurisdicciones (Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires) y algunas particularidades de la investigación realizada, localizada en los tribunales de menores de la provincia de Buenos Aires, a donde las demandas llegan directamente a la sede judicial y requieren de respuestas y estrategias de abordaje, creo que se pueden establecer correspondencias entre los modelos de intervención y los tipos de operadores que nosotros hemos logrado identificar con arreglo a características peculiares.
Además, nosotros sostenemos en la investigación a partir del análisis de las prácticas, que respecto a la justicia, existen dos mitos muy arraigados, que es necesario desterrar:

1) Que en la justicia todas las intervenciones son pensadas, sopesadas, y aplicadas luego de exhaustivos y fríos análisis.
2) Que los agentes judiciales que las ponen en ejecución no “sufren” o se cuestionan sus propias decisiones, que las asumen solo burocráticamente, como si la imperiosidad de tener que “hacer” suprimiera todos los conflictos acerca del bienestar, el bien, lo mejor, lo menos dañino, el interés superior del niño, lo más saludable.

Agregamos que la “urgencia” se convierte en un juez-ad hoc, ya que ella misma dicta medidas, ordena procedimientos y secuencias, legisla, jerarquiza problemas y soluciones, ella misma se convierte en un “juez ad-hoc”, facultada por criterios de gravedad que le confieren una discrecionalidad tan peligrosa como la otra, como la del “juez-buen padre de familia” de la que tanto se ha hablado.

También decimos que cuando se trabaja sobre la urgencia, las decisiones lejos de ser sopesadas en frío, son tomadas a la luz de parámetros en donde el “ya” puede significar salvar vidas y la dilación, para una decisión más respetuosa conforme a derechos, puede implicar lisa y llanamente, la irreversibilidad de la muerte (2). Ese ya es el momento de la decisión y es “siempre una locura”.
Luego, nos parece importante compartir con uds. las tipologías que elaboramos.

Así, bajo el supuesto que entre la justicia de menores y los usuarios se producen vínculos relacionales, hemos intentado analizar esa dinámica de la justicia de menores en términos de las relaciones(3) que produce y reproduce. En este sentido, hemos focalizado nuestra atención en la institución y hemos mirado las relaciones entre los agentes-operadores y los usuarios.

La palabra “operadores” subsume la categoría de oficiales y funcionarios: remite al concepto de agente, es decir a los individuos que existen como agentes y no solo como individuos biológicos, actores o sujetos, ya que se constituyen en el campo y producen efectos (P. Bourdieu. La fuerza del derecho, Ob. Cit.)

La primer tipologías es la de actores/operadores;
La segunda tipología está constituida por los tipos de estrategias utilizadas para vincularse con los otros/usuarios,
Finalmente, la tercer tipología resulta de la combinatoria de los tipos de actores con sus intervenciones típicas.


Primer tipología:
1) los burócratas
2) los concienzudos
3) los paternalistas

EXPLICACIÓN
En primer lugar se encuentran aquellos que creen que la aplicación del derecho es automática, por ende no hay disociación ni problematización. Para éstos, entre la normativa general y la resolución de casos concretos (singulares) no se presentan nunca contradicciones. Se integra siempre el caso dentro la normativa, que lo subsume, lo subordina. Ejemplifican este tipo respuesta del estilo “lo que hicimos está dentro de la ley, lo permite la ley para proteger al menor”, por lo tanto, “está bien y nadie lo puede cuestionar”. Estos operadores podrían ser tipificados como “burócratas” a los que les interesa cumplir con la formalidad, tener un expediente prolijo, poco importa lo que suceda con la gente. En este grupo encajan los autoritarios “lo tiene que hacer porque yo se lo digo” como representante de la ley. La ley no se cuestiona , se aplica, el otro (sujeto usuario) es un sujeto “insalvable”: “no hacen nada para estar mejor”. Como dice Foucault, la ley se refiere siempre a la espada (1975) , y dada las características de estos funcionarios, es esperable que no les tiemble el pulso al aplicar medidas drásticas.

En segundo lugar, se encuentran aquellos actores-operadores que sí perciben una constante contradicción entre la potencialidad del derecho con arreglo a posibilidad de cambio social en el marco de la fuerza del derecho, o sea, en la posibilidad de que la ley sea forzada , sea cumplida y los derechos de los cuales toda persona es titular,
especialmente los niños, sean vivenciados como realidades concretas y no como eufemismos del discurso. Es aquí donde la urgencia juega no sólo un papel determinante, sino además, perverso. Para estos operadores, intervenir sobre la urgencia no puede más que aumentar su contradicción y su contrariedad ya que cualquier decisión que un tribunal de menores tome sobre la vida de los niños en estas condiciones atentará –seguramente- contra las garantías y derechos. Es en este sentido al que hacemos referencia cuando decimos que el “ya” puede significar salvar vidas y la dilación para una decisión conforme a derecho puede implicar la irreversibilidad de la muerte. Estos operadores podrían ser tipificados como “operadores concienzudos”

Antes de hacer esta valoración nos debemos otra discusión. ¿cuándo hablamos de derechos, a qué derechos nos estamos refiriendo y para quiénes? ¿Es prioritario proteger personas o proteger derechos? Esta discusión que debería ser previa, que duda cabe, pero “no hay tiempo” suprime los resabios de la mala conciencia de los operadores concienzudos, aunque aun no puedan enfrentar el sagaz argumento de la medida violatoria “en sí misma” solo por emanar en carácter de decisión de un poder público.

La verdadera falacia, aunque no lo sepan, es la pretensión de administrar justicia en la ficción de un estado de derecho y de una democracia que no es igual para todos. Omitir esta circunstancia, es sin lugar a dudas “peligroso” en el sentido más positivista de su expresión.

Estos operadores-actores buscan inscribir sus decisiones y acciones entre los márgenes que le permite la regulación y distribución en torno al norma, por ende, no hay soluciones automáticas ni recetas estandarizadas(8) . Para estos operadores-agentes los casos singulares requieren respuestas singulares. Su modo de vinculación con los otros-actores-usuarios es más individualizante: tratan de conocer, cuando no de comprender. Las decisiones finalmente adoptadas dependerán de la justa(9) ponderación de factores. (10) Usualmente las intervenciones de estos operadores fluctúan entre el romanticismo, la transformación correccionalista y la mínima intervención como asimilable al menor daño, categorías todas sobre las que volveremos más adelante.

Otro tipo estaría constituido por los paternalistas, que son una categoría híbrida que mezcla algunos rasgos de los modos anteriormente descriptos. Son autoritarios, característica compartida con el grupo de los bucrócratas guardianes de la ley, pero también intentan granjearse la simpatía de los usuarios, y este objetivo lo persiguen con la aplicación sistemática de un modo típico de trato que es la subestimación del otro a través del tuteo, el tuteo patronal, el del “capataz” que parece que da confianza, pero en realidad despoja de respeto a la figura inferior y subordinada. Este tuteo es como un arma de doble filo, ya que por un lado aparece en el oficial de justicia una actitud comunicativa (pseudo comunicativa), de interesarse en lo que el otro diga. Sin embargo, la información obtenida es luego utilizada “en contra” del usuario como una estafa a su confidencialidad.

Ejemplos de ese tuteo son enunciados del tipo “tenés que hacer lo que yo te digo porque te conviene, entendés”; “pero vos recién me dijiste otra cosa, ¿me estás mintiendo?”, “dejá que esto te lo arreglo yo”, “me lo tenés que contar porque estás en el juzgado”. Se advierte que los oficiales resuelven cuestiones planteadas por los usuarios en los pasillos de las oficinas o en las ventanillas de la mesa de entradas, muchas veces en voz baja y como si se tratase de una conversación personal, y otras veces, levantando el tono de la voz durante una conversación de un modo peyorativo, y que expone públicamente situaciones ante otros.

Pero si hablamos de paternalistas, hablemos de paternalismo, o sea de la relación social (pasamos a la relación social) que implica este particular modo de vincularse. La relación paternalista realimenta el patronato en su sentido más literal, de relación de patrocinio con un patrón –patronal (distancia) y un patrón “filantrópico”, o sea, el hacer el bien y el hacer justicia se confunden. Como sugiere Thompson(11) (1979) paternalismo remite a una descripción de relaciones sociales vista desde arriba. El término “paternalismo”no puede deshacerse de sus implicaciones normativas: sugiere calor humano, en una relación mutuamente admitida. El paternalismo, sea como mito o como ideología, mira siempre hacia atrás. Si bien Thompson está analizando la clase obrera inglesa del siglo XVIII y las particularidades de su economía moral, sus análisis aportan elementos para comprender la dinámica dialéctica de las relaciones sociales al interior del tribunal de menores, ya no entre la gentry y la plebe, como en la sociedad inglesa, sino entre los agentes-operadores y los usuarios de la justicia. Entre ambos polos de la relación habría más que una relación de confrontación, una relación de reciprocidad.

El lazo social paternalista aparece como de mutua conveniencia: crea la ilusión de una protección para aquellos que subordinados-usuarios, en tanto los superordinados-agentes se ven compensados con la deferencia profesada. Ambos aumentan y consolidan sus respectivas posiciones, o sea, “su situación actual y potencial en la estructura de distribución de las diferentes especies de poder –o capital- que están en juego en el campo específico, y también las relaciones objetivas con otras posiciones (dominación, subordinación, homología, etc” (Bourdieu, 1992).(12)

Decíamos que entre el agente-operador y el agente usuario hay una innegable distancia, que por supuesto, reconoce múltiples expresiones.

Definimos distancia social en términos de Bourdieu como un sistema de diferencias que está definido por la distinta situación de los agentes dentro del campo, sus trayectorias, sus habitus(13) , y sus respectivos capitales específicos (sociales, simbólicos, culturales, etc.).

En este sentido, hemos identificado distintas modos de expresión de la distancia: Hay una distancia, de carácter más formal que es aquella que permite la comunicación, pero en la cual el esfuerzo de entendimiento lo debe hacer aquel mejor posicionado culturalmente, o sea, el empleado o funcionario judicial con presumible mayor capital social, simbólico y jurídico. A veces esta distancia formal habilita la actitud reverencial, que apela a la formalidad de la distancia.

Inversamente, en otros casos esta confusión se expresaría en la supresión de distancia que habilita a una complicidad sin riesgos en que se pretende involucrar al oficial. Ilustra este modo, los casos en que se hacen confesiones en el cual el empleado o funcionario debería intervenir, y “elige” hacer oídos sordos, “a mi otro hijo lo mató un transa de tres tiros, ni siquiera pude ver el entierro porque creyeron que era un N.N.”; “el ya tiene su mujer y su hijo (refiriéndose a un joven de quince años cuya novia tuvo un bebé)”; “si estoy embarazada (del marido cuya exclusión de hogar solicita)”; refiriéndose a su bebé de dos meses, con signos evidentes de desnutrición que “dejó de darle la leche en polvo que le habían entregado en la salita porque un familiar de su pareja le dijo que esa leche le hacía mal, que lo iba a matar”; “mi marido toma a veces, pero en casa se queda tranquilo”.

El modo de trato influye en lo que la gente cuenta, y en el modo en que lo cuenta: si se sienten sojuzgados, habrá mas reticencia al relato de las situaciones.

En el trato cotidiano es muy difícil lograr cierta relación de confidencialidad con un “otro subvaluado”, y mas aun cuando el oficial-operador de la justicia se posiciona, en el lugar del “deber ser” (caso de los burócratas). La comunicación en estos casos no sólo no interesa, sino que además abruma y molesta. No se intenta empatizar, se deja claro que la justicia se ejerce de forma unidireccional y vertical. Se justifica la toma de medidas drásticas con argumentos del tipo “que quiere que además de todo lo que me cuenta, la felicite”; “como no voy a internar a sus hijos con todo lo que me dijo”. La ley no se cuestiona, se aplica, el otro (sujeto usuario) es un sujeto “insalvable”, “no hacen nada para estar mejor”. O sea, la combinación entre el tipo burocrático de oficial y la percepción de la distancia social como insalvable, da como resultado intervenciones ora racistas, ora correccionales que re-culpabilizan a los actores –usuarios de la justicia, ya no por lo que hicieron, sino por lo que son.


Claro que la sensación de ser juzgados no por el acto específico que desencadenó la intervención del tribunal, sino por su vida misma, es previa a la instancia de la comparencia ante un oficial, secretario o prosecretario que les toma declaración. Para éstos muchas veces el discurso de lo narrado es ajeno, no encuadra en la configuración emocional de los agentes judicial determinados tipos de relatos sumamente crudos y despojados de eufemismos. El anuncio de que una nena fue violada, a los gritos y desde la entrada misma al tribunal, haciendo caso omiso a los presentes, pasando por alto sentimientos típicos de vergüenza y de pudor. Explicar esto requiere ensayar algunas explicaciones del orden de lo psicogenético, en que una permanente exposición de lo privado instala la convicción de que aun lo más íntimo no tiene un carácter de reserva como aquel que defendemos con fervor aquellos para quienes las pautas del pudor y la vergüenza nos atraviesan más visceralmente. En el caso de los usuarios de los tribunales esta predisposición al anuncio a viva voz estaría vinculado con la sensación de una vida a merced de las instituciones.

Conforma parte del anecdotario recogido durante esta investigación, cierta vez que una asistente social del juzgado fue a realizar una visita de rutina a una familia cuyos hijos tenían un expediente abierto. La madre de los chicos encausados la hizo pasar, la hizo sentar, y una vez instalada la asistente social, quien hasta ese momento no había sido inquirida, le preguntan: “Ud. de donde viene? De la escuela? Del municipio? Del hospital?”. La naturalidad de la figura del asistente social en estas familias, convierte a la especificidad de la institución de referencia en un detalle, absolutamente nimio e innecesario a los efectos de dar comienzo a un informe que los usuarios que suponen de rutina, en donde distintos aspectos de su vida y sus costumbres serán indagados y prolijamente registrados. Esta indiscriminación de la procedencia, se supera en una convicción unánime: en cualquier caso deben dócilmente facilitar información, aceptar la exacción de saber que implica contestar todas las preguntas, aún las más inverosímiles e intrusivas: el límite de lo que se pregunta no lo marcan los protocolos estandarizados de los informes a relevar (socioambientales, de seguimiento, etc.) sino la voluntad o “curiosidad” del asistente-inquisidor.

Entre los problemas atribuibles a la falta de comunicación, ubicamos las distintas formas de maltrato que se desprenden de la dificultad de identificación, dificultad que en algunos casos asume el rango de lo “imposible”. Los códigos de lenguaje cada vez son más ajenos: se ha venido observando una perdida progresiva de simbolización referida al plano de conceptualización de lo real. En términos prácticos, esta pobreza de simbolización afecta la comunicación, dejando del lado del agente-operador judicial toda la tarea de facilitar la comprensión, operacionalizar el nivel de lenguaje cuando no traducir a jergas más acordes.

En esta ausencia de códigos comunes, lo que se perfila es una predecible imposibilidad de establecer contratos, aunque sea de contenidos y requisitos mínimos. Del lado del operador impera la convicción de que escribirá otra crónica de un “fracaso anunciado”; del lado del usuario subyace o una visión aun distorsionada que les lleva a prometer, o bien una escepticismo pragmático que les lleva a dar un sí automático como modo de prolongar el ritual de la farsa judicial.

No hay practicas estandarizadas: hacer justicia no tiene que ver únicamente con aquello que pasa en el juzgado. (ejemplos, subsidios, éxito de algunos tratamientos, etc).
Esto permite relativizar convicciones: no son las convicciones acerca de un bien o un mal absoluto las que están detrás de las medidas: en la intervención judicial han desaparecido las certezas: no hay siempre, no hay nunca. Perdieron sentido las cruzadas morales por la univocidad de sentido: hay sentidos múltiples, y lo adecuado se aplica a la singularidad y su éxito se mide en cada caso: se acabaron las mejores recetas, se agotaron las mejores intenciones, también se agotaron las peores, aquellas preñadas de visiones conspirativas del ensañamiento y la venganza. Muchas veces, la única forma válida de intervención, es la de intervenir lo menos posible, tratando de no hacer daño, o al menos, de no profundizar el daño.

Umbrales de tolerancia institucional,
Este umbral de tolerancia, a nivel micro, se replica en el umbral de tolerancia a la represión, al castigo o la diversidad de cada uno de los operadores. La diferencia con los otros, de carácter irreductible, es tramitada en distinta forma por cada operador: aquel que tenga mayor intolerancia a la diferencia, social, racial, cultura, de clase, activará mecanismos más represivos para “suprimirla”. Aquel operador más habituado a la existencia insoslayable de la diferencia, hará intervenir menos sus prejuicios en el trato inmediato con los otros. No es posible, ni aún realizando un esfuerzo titánico poner en acto la fantasía de “ponerse en el lugar del otro”. La intervención siempre se hace desde una lugar moral, y por ende, siempre conserva el carácter de sanción moral sobre las formas de vida del otro.

Hemos encontrado cuatro modos relacionales de vinculación entre los agentes operadores y los agentes usuarios. Dichos modos son el resultado del cruce de los tipos de agentes-operadores, sus estilos de intervención, y las estrategias de manejo de la distancia social puestas en juego en los intercambios con los agentes- usuarios. Estos modos podrían resumirse en racismo, romanticismo, transformación correccionalista o humanismo y menor daño.

El fracaso de las medidas aplicadas puede leerse en clave de decodificar la correspondencia entre los que la justicia puede, y lo que los usuarios pueden: muchas veces se pide cosas distintas de lo que ellos pueden. El umbral de posibilidad lamentablemente ha bajado: ellos no pueden, la justicia para disminuir su propio umbral de fracaso, también exige menos. Para aggionarse a las posibilidades reales y lograr de vez en cuando algún “éxito”, o al menos evitar un fracaso estrepitoso, debe resignar pretensiones. Una estrategia es pedir mucho menos: ya no pedir que los chicos busquen trabajo en un sentido formal, ni que terminen el polimodal, sino conformarse con que se hayan anotado en algún curso de capacitación o de oficios. Ya no exigir la constancia de tratamiento psicológico ya que aun en caso de ser realizado, este tratamiento seguramente no garantice una mejora sustantiva ni una “cura,” y el certificado de asistencia se convierte en un modo de medir obediencia, de cerciorarse que cumplió con el mandato del juzgado más que de un efecto positivo sobre el sujeto en cuestión.

La justicia, cada vez se ajusta más al “mundo de los valores” de ellos y a las posibilidades materiales que tienen para revertir la situación que dio origen al ingreso al juzgado. En el fondo, se baja el umbral de expectativa para bajar el umbral de fracaso: la necesidad de resultados no prescribe, se deben producir, se deben mostrar. Las prácticas fundadas en la ficción, coadyuvan a la reproducción de imposibilidades, y estas al fracaso anunciado. Cuando se baja el umbral de expectativa en un ejercicio de pragmatismo puro y duro, se impone la mirada humanizadora. Si se abandona la mirada transformadora de la “normalización del hombre”, es por que tampoco hay mucho que ofertar para producir esa transformación.

 

 

(1) Al respecto Guemureman (comp.) Erase una vez… en un tribunal de menores. Observatorio de demandas y respuestas judiciales en los tribunales de menores de la Provincia de Buenos Aires. Departamento de Publicaciones de la Facultad de Derecho/UBA, Buenos Aires, 2005. El contenido de esta presentación es parte el Epílogo del libro, escrito en coautoría con Alcira Daroqui y Gabriela Spatari, titulado “Hacer justicia con la justicia: ¿otro modo de hacer el bien?” y fue elegida por su pertinencia para la capacitación,

(2) Derrida, en su conferencia “Del Derecho a la justicia”, inscribe la urgencia en la Tercer Aporía (la urgencia que obstruye el horizonte del saber), en la cual sostiene: “la justicia, por no muy presentable que fuera, no espera (....) una decisión justa es necesaria siempre, inmediatamente enseguida, lo más rápido posible. La decisión no puede procurarse una información infinita, y un saber sin límite acerca de las condiciones, las reglas o los imperativos hipotéticos que podrían justificarla. (...)la decisión marca siempre la interrupción de la deliberación jurídico-ética o político-cognitiva que la precede y debe precederla. El instante de la decisión es una locura (....) una locura ya que toda decisión es sobreactiva y padecida (...)”, en Derrrida, J. en Fuerza de ley. El Fundamento místico de la autoridad, Editorial Tecnos, Madrid, 1997.(pág. 60-61)

(3) Bourdieu, P. Dice que los elementos solo tienen propiedades en virtud de las relaciones que mantienen con otros en un sistema”, o la referencia mucho más conocida de “que lo real es relacional”

(4) Dice Montaigne, en sus Ensayos: “Las leyes mantienen su crédito no porque sean justas, sino porque son leyes. Es el fundamento místico de la autoridad, no tiene otro [el que las obedece porque son justas, no las obedece justamente por lo que debe obedecerlas]”, citado en Derrida, J. (Obra cit. Pag. 29). Refuerza Derrida con esta reflexión la distinción entre el derecho (la ley) y la justicia.

(5) CF. Focault, M.: “Del poder de soberanía al poder sobre la vida”, -1975- en la Genealogía del racismo, Ediciones de La Piqueta, Madrid, 1992

(6) “(...)ciertamente hay leyes que no se aplican, pero no hay ley sin aplicabilidad, o enforceabilty de la ley sin fuerza, sea ésta directa o no, física o simbólica, exterior o interior, brutal o sutilmente discursiva- o incluso hermeneútica- coercitiva, o regulativa, etc. Como distinguir entre, de una parte, esta fuerza de la ley y de otra la violencia, que se juzga siempre injusta.....Qué es una fuerza justa o una fuerza no violenta?” (pág. 16, Derrida, ob,cit).

(7) Esta no intervención contrariaría los principios del biopoder del que habla Foucault como una de las características salientes de la sociedad disciplinaria, o sea, el derecho de hacer vivir o dejar morir. En este sentido, el estado, a través de sus prolongaciones ejecutivo-institucionales “debe intervenir para hacer vivir, - y eso implica- intervenir sobre la manera de vivir, de intervenir para mejorar la vida, para controlar sus accidentes, los riesgos, las deficiencias, la muerte entendida como el fin de la vida (...) La muerte se ubica en una relación de exterioridad respecto del poder (y la justicia): es lo que sucede fuera de su capacidad de acción, es aquello sobre lo cual no puede actuar sino globalmente o estadísticamente” Cf. M. Foucault, ob cit. (Pág. 256-257)
.

(8) Dice Bourdieu (La fuerza del derecho, ob, cit.): “Como bien han mostrado los “realistas” es perfectamente inútil intentar obtener una metodología jurídica perfectamente racional: la aplicación necesaria de una regla de derecho a un caso particular, es en realidad, una confrontación de derechos antagónicos entre los que el Tribunal debe escoger; la regla aplicada a un caso precedente, nunca puede ser pura y aplicada a un caso nuevo porque no hay jamás dos casos exactamente iguales (...) –por eso- los juicios (....) cumplen una verdadera función de invención” (pág 183-184)

(9) Nótese otra acepción de lo “justo”, esta vez, en un sentido de “ajustado”, “adecuado”, “calculado”. Siguiendo a Derrida, podríamos decir que esta acepción entronca en la pretensión de hacer “calculable” a la justicia, que por su misma esencia, es infinita.

(10) Prosigue Bourdieu, P: “Aunque la existencia de reglas escritas tiende, indudablemente, a reducir la variabilidad de los comportamientos, las conductas de los agentes jurídicos pueden referirse y plegarse más estrictamente a las exigencias de la ley y queda siempre una parte de arbitrariedad en las decisiones judiciales, imputables a variables organizativas como la composición del grupo decisorio o las cualidades de los justiciables” (pág. 184)


(11) Thompson, E. Tradición, Revuelta y conciencia de clase, Editorial Grijalbo, España, 1979

(12) Bourdieu, P.-Wacquant, L.: Respuestas para la elaboración de una Antropología reflexiva, Ed. Grijalbo, México, 1995.

(13) Una definición de habitus útil y aprensible, sería la aportada por García Inda (2000) que lo define como “el conjunto de disposiciones de los agentes en que las practicas se convierten en principio generador de nuevas prácticas” (Cf. García Inda, A, en Poder, derecho y clases sociales “Introducción”, Editorial Palimpesto, Bilbao, España, 2000.


 

 

 

 

 

 

 

 “TRABAJO SOCIAL, POLÍTICAS PÚBLICAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA"
arriba
I Jornadas de Modelos de Gestión en la Ciudad, Octubre 2001.
Área Temática: Justicia.
Juzgados de Menores, Fuero Penal, Poder Judicial de la Capital Federal.
Miembros de Cedim: Lic. Elvira Alvarez de Tobar; Lic. S. Casal; Lic. G. Alberti; Lic. P. Marini; Lic. L. Campos

 

Es propio de los niños y adolescentes que han sufrido una deprivación, la tendencia a conductas antisociales, que se caracterizan por contener un elemento que compele al ambiente a adquirir importancia.

Adherimos ideológicamente a los conceptos desarrollados por Winnicott en los cuales, “el acto” de la conducta antisocial, implica una “esperanza” por la que el niño convoca a un otro externo a ocuparse de su manejo. Es una denuncia en “acto” a una falla ambiental.
Ahora bien, ¿qué sucede cuando esa conducta antisocial, que tiene la capacidad de causar fastidio en el ambiente, para pedir “ayuda” llega al extremo de convertirse en un acto que aparece narrado en una figura penal, en un ilícito, normativamente sancionado por la sociedad?.
Consideramos que es allí donde el suministro ambiental debe proporcionarle la suficiente estabilidad que provea al niño un cuidado, que le permita redescubrir sus posibilidades.
Allí opera la Justicia Penal de Menores, oficiando de intermediario entre la afrenta a la sociedad y las necesidades y derechos del niño, adolescente.
Allí es convocado el Asistente Judicial Penal en su función informativa y supervisora del logro de dicho equilibrio .

Es en ese momento que los Operadores de la Justicia se hacen visibles, o sea, a partir de la conducta transgresora.

Observamos entonces, que el joven al aparecer en escena, ostenta un significativo estado de deterioro: rasgos de desajuste personal, falta de marco primario de socialización (familia y no familia), ausencia de oportunidades formativas, educativas o hablando de modo más abarcativo, ausencia de políticas sociales orientadas a satisfacer su crecimiento, su desarrollo y su evolución integral.

Pareciera que en las postrimerías del siglo, se agudizan a niveles altamente preocupantes, a partir de “políticas de ajuste estructural”, aspectos que inciden en el deterioro mencionado. Surge un nuevo modelo de acumulación cuyos objetivos y fines ya no estarían dirigidos al “bien común” .

Aparece la pobreza como estado potencial en un orden que se naturaliza. Se reconocen los grupos excluidos, o sea, los grupos vulnerables, aquellos con escasa capacidad para la defensa de sus intereses, naturalizando así las desigualdades en una sociedad fragmentada donde los actores se individualizan, perdiendo identidad los sujetos colectivos.

En este ámbito, transcurre el diario devenir de nuestros niños y adolescentes dentro de un Estado que pasó de proveer a fiscalizar, castigando la pobreza.

Esta sintética descripción del campo social, pone en evidencia el retroceso y por qué no decirlo, la ausencia de políticas públicas, la carencia de respuestas de orden institucional en beneficio del universo infancia.

O sea, cada niño y adolescente sujeto de abordaje judicial, queda fuera del alcance de los proyectos o programas de prevención que se declaman y se enarbolan, desde la promoción social, como orientados hacia ellos.


La comunidad, por su parte, evidencia cada vez más un hacer “difuso”; por un lado, se potencia la visualización de la infancia como “sujetos de derecho”; surge así la expectativa de promoverlo socialmente; paralelamente, se lo sanciona desde el control social.

La no-inclusión en Términos de Promoción Social de las Políticas Públicas, activa a la Justicia Penal, entrampándola en un hacer de tipo asistencial, que trasciende su implicancia tradicional.

Desde este momento, los Delegados Judiciales del ámbito penal se encuentran promoviendo tareas que van más allá de su función supervisora e informativa, para una respuesta asistencial que desde el imaginario social, a pesar del esfuerzo que este proceso conlleva, es criticado de continuo por tener aroma de “Política Social Parche”.


Este hacer, actualmente, se traduce en un acompañamiento cuerpo a cuerpo de importante número de niños, adolescentes y jóvenes que surgen, a la vista de un gobierno, de una nación, a partir de una infracción.

Comienza, recién en este momento, el supuesto infractor, a hacerse visible como “sujeto de derechos”; emergiendo claramente sus necesidades alimentarias, la atención integral de su salud, sus carencias económicas, su exclusión laboral, la ausencia total de atención de sus necesidades recreativas...

Se evidencia que la conjunción de “el hacer parche” y la “ausencia de una política social” real, sin capacidad completa de abordaje, acompañamiento, infraestructura, para trabajar la “Promoción Social”, potencia la hipótesis de que estamos ante “un fracaso anunciado”.

Es claro que, desde el interior de la Justicia, a partir de visualizado el caso, no observamos un proceso desde lo social que intente asumir lo visto, como objetivo de una atención comunitaria y no “judicializadora”.

No se publicitan proyectos que infieran ser firmes ni orientadores para sostener una sana inclusión social de aquellos niños, adolescentes y jóvenes que lograron superar tratamientos formativos desde el ámbito judicial. Ej.: Jóvenes rehabilitados por el Proyecto U I D (uso indebido de drogas) y con capacidad de oficio aprendido, no tienen oportunidad de ser incluidos laboralmente para experimentar una supervivencia honesta. En la mayoría de los casos, la falta de oferta laboral los expone a sobrevivir del tráfico, es decir, los entrampa en una nueva trasgresión (efecto rotonda). Con la expectativa de que es imprescindible promover políticas sociales que eviten la judicialización; nos preguntamos: ¿cuál es el interés de las políticas sociales actuales, respecto de la calidad de vida a la que debiera acceder nuestra infancia?

Discursos modernos, vacíos de contenidos, activan el hacer de la Justicia Penal. Pareciera que la expectativa de proyectos plenos de Justicia Social, nos invitan de continuo a adherir con los postulados y leyes internacionales avanzados en materia de atención integral del universo infancia, sin prever el contexto en materia de infraestructura, legislatura procesal, formación académica, capacidad financiera, idoneidad para la administración de los recursos posibles, articulación interinstitucional, nacional y provincial.

Lo enumerado evidencia que no siempre las implicancias de la Justicia avanzan en el sentido adecuado. El ámbito judicial no debería asumir funciones de connotación asistencial, sí de supervisión de aquellas disposiciones que se consideren necesarias para que un Juez pueda garantizar la vigencia de los Derechos Humanos en general.

Resulta fundamental no omitir, que el instrumento básico de la Justicia, “la norma”, debiera sostenerse en su función ordenadora y no hacer un pasaje a funciones asistenciales propias de políticas públicas.

Así, quedaría acotada la Justicia Penal a su función específica de vehiculizar la estabilidad que el niño demanda, a través de su “denuncia en acto”. Sin olvidar que parte de esa demanda se apoya en una provisión ambiental satisfactoria y parte, en la necesidad de recibir límites externos desde la autoridad, para lograr su desarrollo en un marco que le ayude a contener sus propios impulsos.

Para finalizar, desde el ámbito de la Justicia Penal de Menores, creemos que las Políticas Sociales son el escenario adecuado para impulsar:

Desde dentro de la Justicia:
    • La capacitación de funcionarios, profesionales y personal administrativos designados para el       abordaje de la temática que involucre ninos/as, adolescentes y familias.
    • Propiciar la investigación de especificidades relativas a la casuística de registro en cada Juzgado.
    • Promover la cultura de la supervisión profesional, en lo posible a cargo de personal idóneo y no       perteneciente a la institución.
    • Realizar estadísticas confiables y transparentes, cuyos resultados se puedan consultar con total       fluidez.
    • Organizar una base de datos sistematizada de recursos y de fácil trasmisión.
    • Instalar en la representación social que las instituciones que atienden cuestiones en materia de       niñez, adolescencia y familia (incluido Poder Judicial) deben complementarse entre sí.

Desde fuera de la Justicia:
    • Desarrollar programas concretos que permitan operacionalizar en el aquí y el ahora los       postulados de la Convención de los Derechos del Niño.
    • Prever circuitos de asistencia para la reinserción social de niños/as y adolescentes que transitaron       o transitan procesos de orden terapéuticos, formativos y educativos.
    • Promover el trabajo conjunto con los profesionales de la justicia penal, en programas       específicamente pensados para aquel sector del universo infancia, incluidos en procesos       judiciales penales.

Por último, consideramos que es el ámbito judicial, en materia de Derecho, quien debiera velar por el estricto respeto de los niños/as y adolescentes, en tanto sujetos de derechos.

 

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